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| jueves, 13 de agosto de 2026 |
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Neuquén: narcotest obligatorio en la Legislatura
Los 35 diputados provinciales serán sometidos a controles toxicológicos aleatorios cada dos meses dentro del propio edificio parlamentario.
La Cámara de Diputados de Neuquén dio un paso concreto en materia de control sobre sus propios integrantes al aprobar, con amplia mayoría, el protocolo que regula los exámenes toxicológicos para los 35 legisladores provinciales. La resolución 1248, votada en la última sesión ordinaria con 30 votos a favor y apenas dos en contra, establece de manera detallada cómo, cuándo y dónde se llevarán adelante los testeos.
Los controles serán aleatorios, sorpresivos y obligatorios, y se realizarán exclusivamente dentro del edificio de la Legislatura, sin posibilidad de traslado a centros externos. La frecuencia mínima fijada es bimestral, lo que implica que cada dos meses al menos una ronda de exámenes deberá ejecutarse sobre el universo total de diputadas y diputados en ejercicio. La convocatoria, además, será inmediata, personal y reservada.
Este protocolo tiene su origen en la Ley 3531, que establece los exámenes toxicológicos como requisito de permanencia en cargos públicos para los tres poderes del Estado provincial. La norma fue reglamentada por el gobernador Rolando Figueroa en febrero de este año, aunque su aplicación en el ámbito legislativo había quedado postergada por la falta de un procedimiento interno específico. Con la resolución aprobada, ese obstáculo quedó superado.
El área de Medicina Laboral de la Legislatura tendrá a su cargo la coordinación técnica de los operativos, con independencia de las autoridades políticas. Ese sector será el responsable de articular con el laboratorio habilitado por la autoridad sanitaria, garantizar la correcta toma de muestras, preservar la confidencialidad de cada caso, mantener la cadena de custodia y documentar todo el proceso, incluyendo cualquier eventualidad que pudiera surgir. Los costos de cada examen correrán por cuenta del propio legislador controlado.
El protocolo contempla además las instancias en las que puede aplicarse el control, que van más allá de las sesiones ordinarias: también podrán realizarse durante el funcionamiento de comisiones, sesiones preparatorias, sesiones extraordinarias y en el marco de la Comisión Observadora Permanente.
Frente a un resultado positivo en el test inicial, la normativa prevé la realización de un análisis confirmatorio en un laboratorio habilitado, para evitar cualquier margen de error en una determinación de semejante gravedad institucional.
Este protocolo representa el último eslabón de un proceso que comenzó en septiembre de 2025, cuando la propia Cámara sancionó la ley que impuso el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes del Estado. En aquella oportunidad, la norma se aprobó con 29 votos positivos y dos negativos, correspondientes a legisladores del Frente de Izquierda. Pocas horas después de esa votación, el gobernador Figueroa se convirtió en el primer funcionario en someterse al examen, obteniendo resultado negativo.
"Los funcionarios tenemos que predicar con el ejemplo", señaló el mandatario en ese momento, al compartir públicamente el procedimiento. Figueroa destacó que la medida aportaba tranquilidad a la sociedad y subrayó que quienes toman decisiones de alto impacto deben hacerlo en pleno uso de sus facultades.
La ley alcanza a un amplio espectro de funcionarios: titulares del Ejecutivo, legisladores, magistrados, fiscales, defensores, intendentes, concejales, secretarios, fiscales de Estado y autoridades de organismos autárquicos y empresas estatales. Un aspecto central de la norma es que la negativa injustificada a realizarse el test equivale automáticamente a un resultado positivo, lo que conlleva la pérdida del cargo.
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