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| martes, 11 de agosto de 2026 |
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Universitarios van al paro pese a pagos oficiales
El Gobierno aseguró que cumplió con salarios y transferencias a hospitales universitarios, pero los gremios sostienen que persisten deudas pendientes.
El área gubernamental responsable de las políticas universitarias salió a defender su gestión ante el paro de 24 horas que llevaron adelante distintos sindicatos del sector. Desde esa dependencia aseguraron que se mantiene al día el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias y salariales con las universidades nacionales, incluyendo las transferencias a los hospitales universitarios y lo acordado en la paritaria firmada a mediados de junio con los gremios docentes y no docentes.
La medida de fuerza fue impulsada por tres federaciones que agrupan tanto a docentes como al personal administrativo y de servicios de las casas de altos estudios públicas del país. Entre ellas se cuenta la organización que representa a los trabajadores docentes de la Universidad Tecnológica Nacional y otra que nuclea al personal no docente de 55 universidades públicas. El reclamo central apunta a que se aplique de manera completa la ley de financiamiento universitario vigente, ya que consideran que continúan pendientes obligaciones relacionadas con la recomposición salarial, las becas estudiantiles y los fondos destinados a los centros de salud que dependen de las universidades.
Desde el Ejecutivo, la respuesta fue contundente: calificaron el paro como una acción de naturaleza política y negaron que exista incumplimiento alguno de su parte, afirmando que en todo momento actuaron dentro del marco legal y conforme a lo dispuesto por la Justicia.
En cuanto a los hospitales universitarios, el organismo oficial detalló el estado de las transferencias al 10 de agosto. La Universidad de Buenos Aires recibió fondos por dos actos administrativos distintos: uno por 20.000 millones de pesos, ya acreditado, y otro por igual monto en proceso de transferencia. La Universidad Nacional de Cuyo cuenta con una asignación de algo más de 2.259 millones de pesos, que se abona en cuotas mensuales de 188 millones. En tanto, las universidades nacionales de Córdoba y La Rioja tienen sus respectivas partidas en trámite administrativo, por montos de 2.259 millones y 380 millones de pesos respectivamente.
En el plano salarial, a fines de junio se transfirieron más de 666.000 millones de pesos en concepto de sueldos e incrementos del mes de junio más la primera cuota del aguinaldo. A principios de agosto se sumaron otros 448.000 millones de pesos correspondientes a julio.
El acuerdo paritario que rige estos pagos fue firmado el 10 de junio junto a los sindicatos y a los rectores de las universidades nacionales. Ese convenio estableció una suba salarial del 21,33% sobre los básicos vigentes al 31 de mayo, con entrada en vigor desde el 1° de junio. El incremento total pactado asciende al 24,33%, dividido en dos tramos: el primero aplicado en junio y un 3% adicional previsto para octubre.
Sin embargo, uno de los gremios que no adhirió a ese acuerdo advierte que aún existe una brecha del 28,5% para alcanzar la equiparación salarial que correspondería según la ley, y reclama además el pago de haberes retroactivos. Esta divergencia entre lo que el Gobierno considera cumplido y lo que los sindicatos entienden como adeudado es el núcleo del conflicto que mantiene en tensión al sistema universitario público argentino.
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