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| domingo, 9 de agosto de 2026 |
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El Estado falló en controlar los labs del fentanilo
Un documento oficial fechado en junio de 2026 expone graves fallas de la ANMAT y el INAME en la fiscalización de los laboratorios vinculados a 90 muertes.
Un documento oficial elaborado por auditores del Gobierno dejó al descubierto fallas profundas en los mecanismos de control que ejercieron la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Instituto Nacional de Medicamentos sobre los laboratorios que fabricaron el fentanilo contaminado, responsable de la muerte de 90 pacientes y de secuelas permanentes en otros 41.
El informe, fechado en junio de 2026, concluye que el sistema de fiscalización vigente presenta debilidades estructurales tanto en su diseño como en su aplicación concreta, lo que limitó su capacidad para garantizar estándares mínimos de calidad, trazabilidad y transparencia en los procesos evaluados. Según el texto, esas carencias se tradujeron en deficiencias concretas en las tareas de regulación y vigilancia sanitaria, especialmente en lo relacionado con el control de calidad de medicamentos y la gestión de irregularidades detectadas.
Los auditores apuntaron, de manera indirecta aunque inequívoca, a las ex máximas responsables de ambos organismos: Agustina Nélida Bisio, al frente de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, directora del INAME. Ambas enfrentan cargos judiciales por los notorios retrasos en las inspecciones a Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, las dos plantas que elaboraron el fentanilo contaminado con bacterias multirresistentes a los antibióticos. Fueron detenidas, indagadas y luego excarceladas mediante una caución real de 75 millones de pesos cada una, con prohibición de salir del país.
Uno de los datos más impactantes del informe es la enorme desproporción entre las alertas recibidas y las respuestas efectivas: ante más de cien notificaciones por desvíos de calidad llegadas desde distintos centros de salud de todo el país entre 2018 y 2025, el INAME realizó apenas cinco inspecciones a HLB Pharma. Las visitas ocurrieron en septiembre de 2018, mayo de 2019, febrero de 2020, septiembre de 2021 y marzo de 2023. En cuanto a Laboratorios Ramallo, solo recibió tres inspecciones: dos en enero y febrero de 2022, y una en noviembre de 2024.
De las ocho inspecciones totales practicadas a ambas empresas, seis arrojaron clasificaciones de observaciones significativas. Sin embargo, los auditores verificaron que en ninguno de esos casos se realizaron controles posteriores en tiempo y forma para constatar si las deficiencias habían sido corregidas. El informe también señala que el sistema informático de gestión de inspecciones carece de mecanismos que garanticen la carga de documentación obligatoria, como las actas firmadas por todos los inspectores participantes.
A nivel sistémico, el panorama es igualmente preocupante: el 21,7% de los establecimientos farmacéuticos habilitados en el país, es decir, 51 de los 235 existentes, no había recibido ninguna inspección en más de cinco años en el marco de las normas de Buenas Prácticas de Fabricación.
Entre sus recomendaciones, el informe insta a fortalecer las áreas de control con recursos humanos, tecnológicos y operativos suficientes, aunque no precisa cuántos profesionales harían falta ni cuál es la dotación actual.
En el plano judicial, la causa ya tiene 13 directivos y responsables de las plantas elaboradoras procesados por delitos contra la salud pública, con penas que podrían oscilar entre 10 y 25 años de prisión. Tres de ellos permanecen con prisión efectiva y otros tres bajo detención domiciliaria. Las dos ex funcionarias fueron incorporadas recientemente al mismo encuadre procesal.
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