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| miércoles, 5 de agosto de 2026 |
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Debate en el Senado por tierras y soberanía
Dos senadoras con posturas opuestas se enfrentaron por el proyecto oficial que modificaría las reglas de propiedad privada y compra de tierras rurales.
El Senado argentino tiene en agenda el tratamiento de un proyecto oficial que reformaría en profundidad el régimen de propiedad privada en el país. La iniciativa propone modificar las condiciones para las expropiaciones, los desalojos y, fundamentalmente, los límites vigentes para que ciudadanos extranjeros adquieran tierras rurales. El debate ya encendió las alarmas en distintos sectores políticos antes incluso de llegar al recinto.
Dos senadoras con posiciones completamente enfrentadas pusieron sobre la mesa los argumentos centrales del oficialismo y la oposición. Nadia Márquez, del bloque gobernante, y Florencia López, de la oposición peronista, debatieron punto por punto las consecuencias que tendría la aprobación de esta norma.
Márquez defendió el proyecto con énfasis en la seguridad jurídica. Recordó que la Constitución Nacional garantiza desde su artículo 17 que ningún ciudadano puede ser despojado de su propiedad sin una sentencia judicial previa y sin una indemnización correspondiente. Según su visión, la propuesta no hace más que consolidar ese principio, que en distintos momentos de la historia argentina fue recortado por leyes y decretos. Para la senadora neuquina, generar un marco jurídico, económico y fiscal sólido es la única manera de atraer inversiones genuinas que produzcan empleo real en el país.
Sobre el eje de la soberanía, Márquez fue categórica: los recursos naturales pertenecen a las provincias por mandato del artículo 124 de la Constitución, y los bienes de dominio público son inalienables por definición. Desde esa perspectiva, sostuvo que ninguna ley podría habilitar la apropiación privada del agua, los ríos u otros recursos estratégicos, independientemente de quien sea el comprador de la tierra superficial.
López, en cambio, planteó una lectura radicalmente distinta. La riojana advirtió que ninguna otra nación del mundo impulsaría una normativa semejante, porque permitir la concentración de tierras rurales en manos extranjeras sin límites efectivos equivale a resignar soberanía territorial. Fue más allá y citó casos concretos ocurridos en su propia provincia, donde la venta de terrenos a extranjeros llevó aparejada la transferencia de recursos como el agua y bienes comunitarios, dejando a las comunidades locales sin acceso a lo que históricamente les pertenecía.
La senadora también cuestionó el impacto económico sobre los actores nacionales. Señaló que mientras a las pequeñas y medianas empresas argentinas se les exigen cargas impositivas plenas, los inversores extranjeros que lleguen bajo el amparo de esta ley gozarían de condiciones fiscales ampliamente ventajosas. Eso, a su juicio, no es apertura económica sino competencia desleal contra quienes decidieron quedarse y apostar al país en los momentos más difíciles.
López también destacó que los países vecinos mantienen restricciones explícitas para la compra de tierras por parte de extranjeros, precisamente para proteger su patrimonio territorial y productivo. La eliminación de esas barreras en Argentina, advirtió, terminaría perjudicando a los productores locales que no pueden competir en igualdad de condiciones con grandes capitales internacionales.
El proyecto llegará al recinto en medio de una disputa que excede lo técnico y toca fibras profundas del debate sobre el modelo de desarrollo, el rol del Estado y los límites de la apertura económica. La votación definirá si Argentina modifica o no uno de los marcos regulatorios más sensibles en materia de recursos y territorio.
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