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| miércoles, 5 de agosto de 2026 |
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Senadora pide votar online por embarazo
Fernández Sagasti tiene restricción médica para viajar desde Mendoza y quiere sesionar de forma remota en el debate sobre la Ley de Tierras.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti se encuentra en una situación médica delicada que le impide trasladarse hasta Buenos Aires para participar en la sesión del Senado donde se discutirá una reforma a la Ley de Tierras. Con más de ocho meses de embarazo —superadas las 32 semanas de gestación—, su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia, tanto en avión como por tierra. Por eso, la legisladora de Unión por la Patria solicitó formalmente que se le permita ejercer su voto de manera remota.
La senadora señaló que la distancia es el único obstáculo real para su participación. Sostuvo que si residiera en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, podría estar presente en el recinto sin ningún inconveniente. Lo que le resulta imposible es recorrer los cientos de kilómetros que la separan de la capital del país en su estado actual de gestación.
Para respaldar su pedido, Fernández Sagasti recordó que existen antecedentes concretos de sesiones remotas habilitadas en situaciones similares. Mencionó el caso de la Legislatura provincial de Mendoza, donde una senadora radicada en San Rafael —a unos 350 kilómetros de la capital provincial— pudo sesionar a distancia por tener un embarazo de riesgo. En ese marco, reclamó que el Senado nacional tome la delantera como referente en materia de protección a la maternidad y a los derechos de las mujeres.
Más allá de la cuestión procedimental, la legisladora expresó una postura firme contra la modificación de la Ley de Tierras que el oficialismo impulsa. La norma vigente establece un tope del 15% sobre la superficie total del país para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, y actualmente ese porcentaje se ubica en torno al 5%, lo que equivale aproximadamente a 13 millones de hectáreas en manos de propietarios foráneos.
Fernández Sagasti explicó que esa legislación, sancionada en 2011, no surgió de manera arbitraria sino como respuesta a una demanda social concreta. En aquella época, la compra masiva de terrenos por parte de inversores extranjeros —especialmente en la Pampa Húmeda y otras zonas estratégicas— generó una preocupación extendida en la sociedad argentina. La ley fue una respuesta del Estado para poner límites a ese proceso.
La senadora advirtió que los sectores que buscan ampliar ese tope tienen interés particular en zonas con recursos estratégicos: acuíferos, áreas ribereñas, tierras patagónicas y nuevos enclaves mineros distribuidos en distintas provincias. Indicó que en muchos de esos lugares el cupo ya está agotado, lo que explicaría la presión para modificar la norma y habilitar nuevas adquisiciones.
Desde su perspectiva, el riesgo central de flexibilizar estos límites es que la toma de decisiones sobre tierras argentinas —en algunos casos de carácter público— quede en manos de personas que viven en el exterior y no tienen arraigo en el país. Planteó que el debate de fondo involucra una tensión entre la soberanía nacional, el derecho a la propiedad privada y las posibilidades que tienen ciudadanos del mundo de asentarse en suelo argentino.
Aclaró además que la ley en su forma actual no prohíbe la inversión extranjera ni la compra de tierras por parte de no residentes, sino que el Estado ejerce su facultad regulatoria para establecer límites razonables. Por último, cuestionó los resultados de la política económica del gobierno actual en materia de inversión extranjera privada, señalando que los niveles registrados se encuentran entre los más bajos, incluso considerando los beneficios y exenciones impositivas otorgados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
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