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| miércoles, 5 de agosto de 2026 |
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Detuvieron a las ex jefas de ANMAT e INAME
Las funcionarias estaban al frente de los organismos de control cuando se fabricó el fentanilo contaminado que causó 90 muertes.
La Justicia federal detuvo esta mañana a las dos ex máximas autoridades de los organismos estatales encargados de fiscalizar la producción de medicamentos en el país. La medida fue ordenada por el juez Ernesto Kreplak a pedido de la fiscal federal de La Plata, María Laura Roteta, y se enmarca en la investigación por la peor tragedia sanitaria de la historia argentina.
Las aprehendidas son Nélida Agustina Bisio, quien conducía la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y Gabriela Carmen Mantecón Fumado, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos. Ambas estaban en sus puestos cuando los laboratorios del empresario Ariel García Furfaro produjeron el fentanilo contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes, que terminó con la vida de al menos 90 personas.
La pesquisa apunta a determinar si las funcionarias omitieron tomar medidas ante señales de alarma concretas. En noviembre de 2024, apenas semanas antes de que comenzaran a registrarse las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata, una inspección del organismo a cargo de Mantecón Fumado detectó graves irregularidades en la planta ubicada en la localidad bonaerense de Ramallo, propiedad de García Furfaro. Sin embargo, no se adoptó ninguna acción correctiva hasta que el escándalo se hizo público.
Un aspecto central de la investigación es una reunión que tuvo lugar el 14 de enero de 2025 en la sede de la ANMAT, en el tercer piso de Avenida de Mayo 869, en la Ciudad de Buenos Aires. Según los registros de ingreso, García Furfaro, su hermano Diego, y dos directivos identificados como Javier Tchukram y María García llegaron al edificio a las 15.13 y se retiraron a las 15.55. El encuentro fue convocado a instancias de Mantecón Fumado, y la propia Bisio reconoció ante el juez y la fiscal que la reunión fue tensa y giró en torno a los hallazgos que el instituto había realizado en las instalaciones de Laboratorios Ramallo.
Las detenciones se concretaron luego de que efectivos policiales se presentaran primero en el Ministerio de Salud, donde no encontraron a las imputadas, y luego debieron concurrir a sus domicilios particulares.
Bisio había asumido la conducción de la ANMAT en diciembre de 2023. Su renuncia fue oficializada mediante un decreto publicado a comienzos de 2026, con vigencia desde el 5 de enero de ese año. Aunque se invocaron motivos personales, trascendió que su salida estuvo ligada al desgaste institucional generado por el caso. Mantecón Fumado, por su parte, fue apartada preventivamente de su cargo el 21 de agosto de 2025, días después de que se revelaran las demoras en resolver las inspecciones sobre los laboratorios de García Furfaro y tras la detención del propio empresario.
La fiscal Roteta había adelantado su intención de avanzar sobre los funcionarios públicos involucrados en distintas instancias del expediente. En un dictamen del 21 de mayo de 2025 cuestionó la información aportada por la ANMAT a la causa y señaló las obligaciones que el organismo tenía durante el período en que se elaboró el medicamento adulterado.
En esa misma línea, la fiscalía respaldó las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, organismo que colaboró en la investigación y que fue terminante al describir la actuación estatal: señaló que la tarea de control fue ineficiente a lo largo del tiempo, y que las consecuencias de semejante negligencia, connivencia o complicidad todavía no han sido dimensionadas en su totalidad. Esta segunda etapa de la causa busca precisamente establecer el grado de responsabilidad penal de quienes debían garantizar que los medicamentos que llegan a los pacientes sean seguros.
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