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| martes, 4 de agosto de 2026 |
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Prefectura intimó a 536 prácticos en huelga
Hay 140 barcos varados y el comercio exterior paralizado tras el paro contra el decreto de desregulación del practicaje firmado por Milei.
La tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores del practicaje y pilotaje escaló este martes cuando la Prefectura Naval Argentina formalizó una intimación oficial dirigida a 536 profesionales del sector para que retomen de manera inmediata sus tareas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y llega como respuesta directa al paro por tiempo indeterminado que los trabajadores iniciaron en rechazo al decreto desregulatorio N° 690/2026, impulsado por el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger y rubricado por el presidente Javier Milei.
El impacto del conflicto se sintió de inmediato en los principales puertos del país. Según fuentes vinculadas al sector, el comercio exterior quedó completamente paralizado, con carga de granos, combustible y otras mercaderías sin posibilidad de moverse. Al menos 140 embarcaciones permanecen a la espera de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, sin poder completar sus maniobras de entrada o salida en ríos, canales y puertos. Desde el sector advirtieron que la situación se agravará con el correr de las horas si no se alcanza una solución.
Los prácticos son profesionales indispensables para la navegación comercial en la Argentina: son quienes guían a las embarcaciones durante las maniobras en zonas de acceso complejo, como los tramos de la Hidrovía Paraná-Paraguay y los accesos portuarios del litoral fluvial. Su labor es obligatoria en gran parte de esos trayectos por las particulares condiciones geográficas e hidrográficas del país. La decisión gremial fue contundente: ningún buque, sea de bandera argentina o extranjera, recibirá asistencia hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue la norma cuestionada.
El decreto en disputa reemplaza un régimen que venía funcionando desde 1991 y apunta a liberalizar el mercado del practicaje. Entre sus puntos centrales, crea un registro abierto de profesionales bajo administración de la Prefectura Naval, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores y elimina restricciones para el ingreso de nuevos trabajadores al sistema. También suprime la segmentación geográfica que hasta ahora obligaba a cambiar de práctico durante un mismo trayecto, flexibiliza las condiciones de traslado del personal y amplía los casos en que ciertos buques pueden quedar exentos de contratar el servicio. Además, le otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas y exige la publicación de precios para fomentar la competencia.
La Prefectura Naval, en su carácter de autoridad operativa y disciplinaria del sector, advirtió que el incumplimiento de la intimación podría derivar en sanciones administrativas e incluso en denuncias penales. El organismo citó el artículo 190 del Código Penal, que establece penas de entre dos y ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en riesgo la seguridad de una embarcación, y el artículo 194, que prevé prisión de tres meses a dos años para quien obstaculice el normal funcionamiento del transporte por agua. La Prefectura argumentó que, al tratarse de un servicio público regulado por la Ley de Navegación, la interrupción podría encuadrar en esas figuras.
La cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas que circulan por los puertos argentinos alertó sobre las consecuencias económicas de la medida de fuerza, que afecta directamente a las exportaciones agropecuarias y energéticas en un momento clave para el ingreso de divisas al país. El conflicto sigue abierto y por ahora no hay señales de negociación entre las partes.
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