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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Paro docente: adhesión dispar en el país
El primer paro bajo la nueva ley de servicios esenciales mostró alto acatamiento en provincias opositoras y tensión entre Nación y Buenos Aires.
La primera huelga docente realizada desde que la educación básica fue declarada servicio esencial dejó un mapa muy desigual según cada jurisdicción del país. Mientras el Gobierno nacional registró una adhesión elevada en los distritos conducidos por la oposición, en particular en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego, en otros territorios las clases se desarrollaron con relativa normalidad.
La jornada no solo estuvo marcada por el paro en sí, sino también por un conflicto institucional entre el Ejecutivo nacional y la administración bonaerense. La Secretaría de Trabajo de la Nación intentó verificar que se cumplieran los servicios mínimos que establece la nueva normativa, la cual fija un piso del 75% de presentismo docente en las aulas.
Fuentes del Gobierno explicaron que durante todo el día se realizó un relevamiento sobre una muestra de escuelas distribuidas en distintas regiones y provincias. Ese operativo incluyó la verificación de qué establecimientos estaban abiertos o cerrados, el nivel de asistencia de los maestros cuando fue posible obtener ese dato, y observaciones puntuales sobre lo ocurrido en cada institución. Desde el oficialismo cuestionaron el sentido de la medida de fuerza: señalaron que el paro apunta al Gobierno nacional cuando son las provincias quienes pagan los salarios docentes y quienes deciden el monto de cada remuneración.
Los primeros datos recogidos confirman diferencias marcadas entre distritos. La provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego concentraron los niveles más altos de adhesión. En contraposición, en la Ciudad de Buenos Aires el impacto fue muy acotado y la mayoría de los colegios relevados permaneció abierta. En Chaco, el acatamiento también fue considerablemente menor.
Durante los recorridos, los equipos nacionales se encontraron con situaciones muy variadas. En algunos establecimientos accedieron sin inconvenientes y obtuvieron información sobre la cantidad de docentes presentes y ausentes. En otros, en cambio, hallaron las puertas cerradas, se les impidió el ingreso o las autoridades se negaron a brindar cualquier dato sobre el funcionamiento del colegio. Todas estas situaciones quedaron asentadas en actas labradas en el momento.
El episodio más tenso se vivió en la provincia de Buenos Aires. En pleno desarrollo del paro, la Dirección General de Cultura y Educación distribuyó una comunicación interna dirigida a inspectores regionales, distritales y equipos directivos. El documento informaba que el Ministerio de Trabajo bonaerense había realizado una presentación formal para que el organismo nacional se abstuviera de solicitar información sobre el cumplimiento de los pisos mínimos previstos por la ley o de inspeccionar escuelas provinciales.
En esa misma comunicación, las autoridades bonaerenses sostuvieron que la Secretaría de Trabajo nacional no tiene competencia para fiscalizar el empleo público provincial. En consecuencia, instruyeron a inspectores y directivos a no proporcionar ningún dato a funcionarios de la Nación y a limitarse a señalar esa supuesta falta de jurisdicción.
Desde el Gobierno nacional interpretaron que esa maniobra explica, al menos en parte, las trabas que encontraron sus equipos para obtener información en varios establecimientos bonaerenses. En los próximos días, el Ejecutivo publicará un informe detallado con el nivel de acatamiento por provincia y las observaciones recogidas durante la jornada. Además, anticiparon que responderán políticamente a la presentación impulsada por la gestión bonaerense, encuadrando el conflicto como parte de una disputa más amplia en torno a la implementación de la nueva legislación sobre servicios esenciales.
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