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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Paro docente: alto acatamiento y tensión
CTERA movilizó frente a Economía y exigió reapertura paritaria, mientras el Gobierno relevó el cumplimiento y amenazó con sanciones gremiales.
El sindicalismo docente protagonizó este lunes un paro nacional que, según la propia CTERA, tuvo una adhesión masiva en todo el país. En paralelo, el Ejecutivo nacional puso en marcha un relevamiento para medir el nivel real de acatamiento y cruzó a los distritos conducidos por el peronismo, donde afirma que el ausentismo fue más pronunciado.
Durante la mañana, trabajadores de la educación se concentraron frente al Ministerio de Economía en una movilización que reunió a varias organizaciones del sector, entre ellas la CONADU, la CONADU Histórica y la ATE. La delegación principal estuvo encabezada por la secretaria general de la confederación, Sonia Alesso, y el secretario adjunto, Roberto Baradel, acompañados por miembros de la conducción nacional y delegados de todo el país. También estuvo presente Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y legislador nacional.
En su discurso ante los manifestantes, Alesso afirmó que los maestros cobran salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, que acumulan deudas y que sus ingresos quedaron muy por debajo de la inflación acumulada. Reclamó con urgencia la reapertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal, que hoy se ubica en 500 mil pesos. También exigió que se restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente, eliminado en 2024 por el Gobierno bajo el argumento del equilibrio fiscal, y cuestionó duramente la falta de obras en infraestructura educativa. Según Alesso, la actual administración no levantó ni una sola escuela desde que asumió, y comparó la situación con la crisis de los años noventa, cuando el Estado nacional también abandonó su responsabilidad en el financiamiento del sistema educativo.
La dirigente además rechazó los intentos del oficialismo de declarar la educación como servicio esencial, una medida que, a su entender, busca limitar el derecho a huelga de los docentes. Denunció que en lugar de convocar al diálogo, el Gobierno opta por intimidar a los sindicatos con multas y amenazas. También ratificó su rechazo a un proyecto legislativo que impulsaría la libertad educativa, al que considera una amenaza a la gratuidad de la enseñanza y al papel del Estado como garante del sistema.
Por su parte, el Gobierno defendió el relevamiento nacional apoyándose en la Ley de Modernización Laboral, cuyo artículo 24 establece que en servicios esenciales debe garantizarse al menos el 75 por ciento de la actividad. El secretario de Trabajo explicó que el derecho a huelga está reconocido, pero que tiene límites cuando están en juego los derechos de terceros, en este caso los estudiantes. Las eventuales sanciones, aclararon desde el ministerio, recaerán sobre los sindicatos y no sobre cada docente en forma individual. Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, advirtieron que las penalidades podrían llegar hasta la quita de la personería gremial.
La propia Pettovello salió a defender la declaración de esencialidad argumentando que busca proteger el derecho a aprender de los chicos y dar certeza a las familias. Aunque un juzgado laboral había suspendido la medida en primera instancia ante una impugnación judicial, el Gobierno apeló y logró mantenerla vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Desde el oficialismo apuntaron contra los distritos peronistas, señalando que las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego registraron los índices más altos de adhesión al paro. Fuentes del Gabinete responsabilizaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof de haber contribuido a impulsar la medida de fuerza en su territorio.
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