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| lunes, 3 de agosto de 2026 |
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Boicot de prácticos por decreto de Milei
Los pilotos portuarios pararon actividades por tiempo indefinido para frenar la desregulación que modifica el sistema de practicaje vigente desde 1991.
El gobierno de Javier Milei enfrenta su primer conflicto serio derivado de una desregulación impulsada por el ministerio a cargo de Federico Sturzenegger. Apenas comenzó a regir el decreto 690/2026, que reforma el sistema de practicaje y pilotaje fluvial con el objetivo de abaratar los costos portuarios, los profesionales del sector decidieron abandonar sus funciones por tiempo indefinido. La medida de fuerza apunta directamente a impedir que la nueva normativa se aplique en la práctica.
La Prefectura Naval Argentina salió a responder con rapidez y comenzó a distribuir intimaciones personales a cada profesional habilitado, exigiéndoles que retomen de inmediato la prestación del servicio. El organismo advirtió que el practicaje está catalogado como servicio público bajo la Ley de Navegación y que quienes persistan en la interrupción podrían enfrentar denuncias penales y sumarios administrativos.
El impacto de este conflicto no es menor. Los prácticos, pilotos y baqueanos son los especialistas que guían a los capitanes durante las maniobras de entrada y salida de buques en puertos, ríos y canales. Su intervención es obligatoria en gran parte de la navegación comercial, dadas las particularidades de la Hidrovía Paraná-Paraguay y de los accesos a los principales puertos del país. Una paralización prolongada amenaza con afectar directamente el comercio exterior argentino.
La reforma reemplaza un esquema regulatorio que estaba vigente desde 1991 y apunta a eliminar lo que el gobierno denomina barreras artificiales a la competencia. Entre los cambios principales, la nueva norma crea un registro abierto de prácticos administrado por Prefectura, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales al mercado y encomienda a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la fijación de tarifas máximas, con obligación de publicar los precios.
Además, el decreto elimina la segmentación geográfica que antes obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones de traslado de estos profesionales, amplía los casos en que ciertos buques quedan eximidos de contratar el servicio y establece mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.
Sturzenegger defendió la medida argumentando que el sistema anterior había convertido a los ríos argentinos en un escollo regulatorio en lugar de una vía de desarrollo. Según el ministro, las barreras de ingreso vigentes reducían la competencia y encarecían los costos logísticos del comercio exterior. También destacó que la reforma amplía el tamaño mínimo de los buques a partir del cual se exige contratar un práctico y crea zonas en las que ese servicio dejará de ser obligatorio.
Sin embargo, los profesionales del sector rechazan de plano esa visión. Fuentes vinculadas directamente a la actividad sostienen que los cambios introducidos afectan aspectos que consideran fundamentales para la seguridad de la navegación. El paro abarca a prácticos, pilotos y baqueanos de todo el territorio nacional y alcanza tanto a buques de bandera argentina como extranjera que requieran asistencia para operar en aguas nacionales.
El conflicto pone en tensión dos lógicas contrapuestas: la del gobierno, que busca reducir el llamado costo argentino mediante la desregulación de servicios que considera sobreprotegidos, y la de los profesionales, que advierten que ciertas regulaciones no responden a intereses corporativos sino a exigencias técnicas de seguridad. El desenlace de esta disputa tendrá consecuencias directas sobre uno de los corredores logísticos más importantes de la economía argentina.
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