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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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El DNU antiextranjeros y la apuesta electoral
El Gobierno lanzó un decreto para expulsar extranjeros que agravien al país, como parte de una estrategia para recuperar la iniciativa en el debate público.
El Ejecutivo nacional decidió dar un volantazo en su estrategia comunicacional. Tras semanas en las que el debate público estuvo dominado por temas que incomodan al oficialismo —como la caída del consumo, el endeudamiento de las familias y el deterioro de los índices de imagen del Presidente— la administración de Javier Milei optó por pasar al ataque. La herramienta elegida fue un Decreto de Necesidad y Urgencia que habilita la expulsión de extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos.
La medida fue firmada en las últimas horas y su difusión se produjo de madrugada, acompañada por una operación coordinada en redes sociales desde cuentas vinculadas al entorno del asesor Santiago Caputo, quien conduce la Oficina del Presidente de la República Argentina. Desde ese sector celebraron el impacto inmediato: destacaron que la publicación acumuló más de 35.000 interacciones antes de las siete de la mañana. Quienes rodean a Caputo describieron la iniciativa como una medida 'divertida', dejando en claro que el objetivo principal es comunicacional: instalar un tema que desplace otras discusiones incómodas para el Gobierno.
Según trascendió desde el entorno presidencial, la idea surgió hace menos de una semana y fue el propio Milei quien la impulsó. El disparador habría sido un proyecto legislativo bonaerense que propone arancelar el acceso de extranjeros no residentes a la universidad y la salud pública. Esa iniciativa fue presentada por Agustín Romo, legislador perteneciente al espacio Las Fuerzas del Cielo. 'La idea vino de Javier y la ejecución estuvo a cargo del Kremlin', señalaron desde el Ejecutivo, en alusión al equipo de Caputo.
No es casual que la medida llegue en este momento. El Gobierno viene de atravesar el período del Mundial de fútbol con una comunicación que, en su propio balance interno, fue descoordinada. La intención oficial de no politizar el rendimiento de la Selección terminó siendo contradictoria con los mensajes emitidos y, sobre todo, con el anuncio prematuro de un posible feriado por los festejos, que finalmente generó ruido y confusión.
En ese contexto, el decreto busca volver a encender la mecha de la batalla cultural, un terreno en el que el oficialismo se siente más cómodo. Sin embargo, la iniciativa ya genera cuestionamientos desde el mundo jurídico. Especialistas en derecho migratorio advirtieron que la norma presenta serios problemas de constitucionalidad. El principal reparo apunta a la vaguedad del concepto 'mensajes de odio', que el decreto no define con precisión. 'La discrecionalidad es demasiado amplia. Desde el punto de vista jurídico es un despropósito', señaló uno de los consultados, quien además recordó que en Argentina no existe legislación sobre discursos de odio, que el INADI fue disuelto y que la libertad de expresión tiene amparo constitucional. Aclaró que una cosa distinta es ultrajar símbolos patrios, conducta que sí constituye un delito tipificado.
En los considerandos del DNU, el Ejecutivo argumentó que se incrementaron los mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos específicamente contra ciudadanos argentinos por parte de extranjeros. Ese fundamento deberá superar un test de constitucionalidad antes de que la norma pueda aplicarse con plena vigencia. Desde sectores cercanos al propio oficialismo reconocen en privado que se trata de una medida 'para la tribuna'.
Otra tensión que sobrevuela el tema es la incomodidad que genera en la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en su entorno reivindica haber sido durante la campaña de 2023 la principal portadora del componente nacionalista dentro del espacio libertario. El decreto toca de lleno esa identidad política, en un terreno que Villarruel considera propio.
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