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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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El abogado de CFK advierte a la ONU
El letrado brasileño que defendió a Lula cuestionó la condena por Vialidad y afirmó que las resoluciones de la ONU obligan a la Argentina.
El jurista brasileño Rafael Valim, quien formó parte del equipo legal que defendió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante el proceso conocido como Lava Jato, salió a cuestionar la condena dictada contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad y se sumó formalmente a su nueva defensa internacional ante organismos de Naciones Unidas. Lo hace junto al abogado español Javier Borrego y al argentino Carlos Beraldi.
Valim apuntó contra lo que calificó como un error técnico grave en la atribución de responsabilidad penal a la expresidenta. Según explicó, el fallo la responsabilizó por contratos que fueron celebrados entre la provincia de Santa Cruz y la Dirección Nacional de Vialidad, un ente autárquico. Desde su perspectiva, ese razonamiento resulta incompatible con el derecho administrativo argentino, donde la conducción de la administración pública nacional recae en el jefe de gabinete y no en el presidente. 'Si llevamos ese criterio hasta sus últimas consecuencias, ningún mandatario argentino podría quedar en libertad', señaló con énfasis.
El letrado también fue contundente respecto al peso jurídico de las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ante el cual la defensa presentó una Comunicación Individual para impugnar el proceso. Sostuvo que esas resoluciones son vinculantes para el Estado argentino en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el país, y recordó que el propio Código Procesal Penal Federal argentino prevé que una decisión de ese comité puede servir de base para revisar una sentencia firme.
En ese marco, la defensa solicitó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la restitución de la integración plena de la Corte Suprema, que hoy sesiona con apenas tres miembros, y una modificación del régimen de prisión domiciliaria que pesa sobre Kirchner.
Sobre la inhabilitación, Valim señaló que el organismo internacional tiene una postura clara y consistente en contra de este tipo de sanciones. Citó precedentes europeos donde el comité revisó inhabilitaciones de entre cinco y ocho años aplicadas a funcionarios de alto rango, lo que a su juicio marca un horizonte favorable para el planteo.
Al explicar por qué optaron por el Comité de la ONU en lugar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado destacó que esa vía permite el acceso directo sin necesidad de transitar una etapa previa ante una comisión, y que el plazo para presentarse no opera de la misma manera. Frente a quienes criticaron la presentación por considerarla tardía, aclaró que el reglamento del comité establece que recién constituiría un abuso el acceso realizado luego de cinco años.
Consultado sobre qué pasaría si el Estado argentino decidiera ignorar una eventual cautelar favorable, Valim reconoció que esa posibilidad existe, como de hecho ocurrió en Brasil durante el caso Lula. Sin embargo, advirtió que el incumplimiento generó una presión internacional que volvió insostenible la situación del poder judicial brasileño y terminó acelerando la resolución del proceso al dejar en evidencia las irregularidades que lo habían rodeado.
Finalmente, respaldó la interpretación de su colega Borrego según la cual la inhabilitación para ocupar cargos públicos no alcanzaría a la participación en elecciones internas partidarias, ya que estas son previas e independientes del ejercicio de una función estatal. Argumentó que toda restricción a derechos fundamentales debe interpretarse de manera acotada y nunca de forma amplia. Admitió que la posición generó debate, aunque aclaró no saber si esa controversia también existe dentro del propio entorno de la expresidenta.
Respecto a su vínculo con Lula, Valim precisó que el mandatario brasileño está al tanto de su participación en este caso, aunque no intercambian opiniones sobre la estrategia legal adoptada.
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