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| miércoles, 29 de julio de 2026 |
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Súper RIGI: el oficialismo buscará dictaminar la próxima
Realizará un plenario de comisión el miércoles que viene, desde las 15.30. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados. Apoyo del PRO y la UCR y apuro libertario
ElSenado de la Naciónya tiene fecha para volver a la actividad. Mientras el oficialismo sigue buscando votos de cara ala sesión del próximo 6 de agosto en donde pretende darle media sanción a laley de inviolabilidad de la propiedad privada-conocida como ley de tierras-, un día antes abrirá las comisiones para debatir elSúper RIGI.
El oficialismo llamó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de comisiones dePresupuesto y Hacienda;Economía Nacional e Inversión; yLegislación Generalpara debatir el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El encuentro seráa partir de las 15.30, en el Salón Azul de la Cámara Alta.
El proyecto que se debatirá en el plenario de las tres comisiones -todas presididas por el oficialismo-obtuvo media sanción en laCámara Bajael pasado 24 de junio. En ese momento obtuvo 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.
En ese caso, el bloque deLa Libertad Avanzaobtuvo el acompañamiento delPRO, laUCRy bloques provinciales. De repetirse el mismo esquema de acompañamientos, el oficialismo podría obtener dictamen el miércoles en el plenario pero no podrá llevarlo al recinto el día siguiente, ya que el reglamento establece que deben pasar 7 días entre ambos hechos.
El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros,como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
En esta reversión delRIGIque se introdujo con laley Bases, se establece que los proyectos que ingresen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares -para el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector-.
Pero para poder ingresar al sistema de beneficios por 30 años, deberán ejecutar un mínimo de 200.000 millones en los primeros dos años desde que es aprobado.
Además, los proyectos tienen que estar dirigidos a sectores de la economía que hoy no tengan presencia en laArgentina. Son los sectores que elGobiernodenomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. Esto es con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta.
Un dato no menor es en lo referido a lo que se conoce como “compre nacional”. En el debate en Diputados, los socios de LLA empujaron cambios respecto a este punto. Aunque el oficialismo quería que no hubiese una obligación de proveedores locales, cedió y habilitó un“plan de desarrollo de proveedores locales”y la contratación de proveedores locales por “el 20% del monto destinado a proveedores”. El “pero” que contiene es que para que esa cláusula sea válida tiene que existir proveedores con capacidad, disponibilidad y competitivos en cuanto a precio y calidad.
Por último, en lo referido al acceso a las divisas, elSúper RIGImantiene el esquema de su predecesor, siguiendo con el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero.A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.
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