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| miércoles, 29 de julio de 2026 |
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Hotel salteño al borde del cierre por juicios laborales
El dueño ya pagó $68 millones en indemnizaciones a empleados imputados por bloquear su establecimiento en 2021, y la cifra podría llegar a $100 millones.
Carlos Issa heredó un sueño familiar. Su hotel en Salta fue fundado por su padre y sus tíos en 1971 y lleva más de cuatro décadas en pie. Hoy, sin embargo, ese legado está en serio riesgo de desaparecer, no por la crisis económica ni por la falta de turistas, sino por una paradoja judicial que él mismo describe como una pesadilla: está pagando millonarias indemnizaciones a los mismos empleados que bloquearon su establecimiento y que hoy enfrentan cargos penales por esa acción.
El conflicto se desencadenó en 2021, cuando un grupo de trabajadores bloqueó el acceso al hotel. La Justicia entendió que esa medida de fuerza excedió ampliamente el derecho constitucional de huelga e imputó a los responsables en una causa penal. Sin embargo, en paralelo, la justicia laboral avanzó con demandas de indemnización presentadas por esos mismos trabajadores, y los fallos fueron mayoritariamente desfavorables para el empresario.
Hasta el momento, Issa ya desembolsó 68 millones de pesos en concepto de indemnizaciones. Pero el problema no termina ahí: todavía restan siete juicios laborales en curso que podrían elevar ese monto total a 100 millones de pesos. Si esas causas se resuelven antes de que haya una sentencia penal definitiva, el empresario advierte que no tendrá capacidad económica para afrontar los pagos, lo que derivaría directamente en el cierre del establecimiento.
Este miércoles se celebra una audiencia judicial clave entre las partes en conflicto, donde se definirá qué pruebas llegarán al juicio oral y si existe alguna posibilidad de resolución alternativa. El abogado Pablo Abdón Torres Barthe, asesor legal del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, viajó a la capital salteña para acompañar a Issa en esa instancia. El letrado también tiene previsto reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz para exponer la situación.
Para Torres Barthe, el nudo del problema es la falta de coordinación entre el fuero penal y el laboral. Mientras la justicia penal sostiene que hubo un delito, la justicia laboral ordena indemnizar a quienes lo habrían cometido. "La justicia laboral va a una velocidad y la justicia penal va a otra", sintetizó el letrado, quien consideró que esta desincronización está generando consecuencias económicas gravísimas para su cliente.
El abogado recordó que el propio juez interviniente en la causa penal ya había señalado que el derecho de huelga no ampara daños materiales ni la obstrucción de accesos, y que el bloqueo ejecutado superó ese marco legal. Sin embargo, la justicia laboral continuó fallando en sentido contrario, ordenando compensaciones económicas.
La defensa intentó sin éxito que los juicios laborales se suspendieran hasta tanto existiera una resolución penal firme. El pedido fue rechazado, y las causas siguieron su curso. Torres Barthe apeló al principio de prejudicialidad, según el cual lo que resuelve la justicia penal resulta vinculante para los demás fueros. "Si la justicia penal dice que hubo un delito, el juez laboral no puede decir que no lo hubo", argumentó.
Lo que inquieta especialmente al letrado es el escenario que podría materializarse: que los imputados sean condenados penalmente y, al mismo tiempo, el empresario damnificado haya tenido que indemnizarlos. Una contradicción que, de no resolverse a tiempo, podría costarle a Issa más de medio siglo de historia familiar.
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