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| martes, 28 de julio de 2026 |
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AGN halló fallas graves en planes de vivienda social
Un informe oficial detectó obras paralizadas, viviendas entregadas sin terminar y fondos enviados a provincias sin ningún tipo de control efectivo.
La Auditoría General de la Nación elaboró un contundente dictamen sobre el manejo del Plan Nacional de Vivienda durante dos administraciones consecutivas. El relevamiento abarcó desde enero de 2018 hasta marzo de 2024, lo que permitió examinar tanto el último tramo de la gestión de Mauricio Macri como la totalidad del gobierno de Alberto Fernández. Uno de los datos más llamativos del proceso fue que los auditores recibieron apenas la mitad de la documentación que habían solicitado formalmente a ambas administraciones.
El organismo de control analizó 28 Acuerdos de Cooperación y Uso firmados con las provincias de Buenos Aires, Salta, Chaco y Tucumán, en el marco del programa destinado a financiar soluciones habitacionales para sectores de bajos recursos. Entre las poblaciones destinatarias figuran personas con discapacidad, adultos mayores, damnificados por catástrofes climáticas y comunidades indígenas. Los hallazgos se organizaron en cinco ejes: manejo presupuestario, rendición de cuentas, control interno, seguimiento de obras y cumplimiento de los objetivos del programa.
En materia de rendiciones, los auditores encontraron irregularidades generalizadas en las cuatro provincias evaluadas. Hubo demoras de hasta más de 30 meses en la presentación de certificados de avance de obra, especialmente en el caso de Salta. Además, se detectaron rendiciones mensuales que no incluían las planillas exigidas por la normativa vigente, y facturas que no permitían determinar si correspondían a avances físicos o simplemente financieros.
Uno de los casos más llamativos surgió del análisis de un acuerdo correspondiente a la provincia de Buenos Aires. En uno de los certificados de medición, una factura emitida el 16 de mayo de 2019 apareció registrada como cancelada el 15 de enero de ese mismo año, es decir, casi cuatro meses antes de haber sido confeccionada. Según el informe, este tipo de inconsistencia no fue un hecho aislado sino parte de un patrón que se repitió en distintas instancias del proceso.
Los cronogramas de pago también resultaron sistemáticamente incumplidos. Las provincias demoraban la presentación de las rendiciones y, una vez recibidas, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tardaba en liberar los desembolsos correspondientes. Esa doble demora generó un círculo vicioso que frenó la ejecución de las obras y encareció los costos finales que debió afrontar el Estado nacional.
El informe también cuestionó el funcionamiento del sistema informático utilizado para el seguimiento de los acuerdos, señalando deficiencias en su capacidad para reflejar el estado real de cada obra. En el terreno, los auditores verificaron viviendas que habían sido adjudicadas formalmente a sus beneficiarios sin estar terminadas, así como construcciones directamente paralizadas sin que ninguno de los organismos responsables hubiera adoptado medidas correctivas.
El documento fue elaborado en el marco de una actuación formal iniciada en 2021 y su destinatario fue el entonces secretario de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda del gobierno de Javier Milei. Las falencias detectadas atravesaron dos administraciones de distinto signo político y ninguna de las carteras que tuvo a cargo el área tomó acciones para subsanarlas. Durante la gestión de Fernández, el área estuvo conducida sucesivamente por tres funcionarios distintos, pero los problemas heredados del período anterior continuaron sin resolverse.
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