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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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El fuero laboral porteño se activa en 2027
La Legislatura porteña aprobaría en agosto las normas clave, pero el traspaso recién operaría en febrero de 2027 por trabas presupuestarias.
El traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires vuelve a tomar impulso después de meses de estancamiento. Existe una voluntad política clara de disolver los juzgados laborales de orden nacional, considerados hostiles tanto por el oficialismo como por sectores de la oposición y el empresariado, y transferir esa competencia al ámbito porteño. Sin embargo, el camino sigue plagado de obstáculos económicos, legales y judiciales que frenan la concreción definitiva del proceso.
El dato más concreto que circula hoy en los pasillos del poder es una fecha tentativa: febrero de 2027. Para entonces, según el cronograma que manejan los funcionarios involucrados, el nuevo fuero laboral porteño podría estar en funcionamiento efectivo. Antes de eso, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto sancionar en agosto un conjunto de normas que desbloquearían el traspaso y sentarían las bases institucionales del nuevo esquema judicial.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, delegó la conducción técnica de este proceso en su ministro de Justicia, Gabino Tapia, y en el subsecretario de Trabajo, Horacio Bueno. Ambos funcionarios llevan adelante las negociaciones y la definición de los detalles estructurales del nuevo fuero. Hace aproximadamente un mes y medio, Macri presentó ante la Legislatura un paquete de proyectos orientados a reestructurar el Poder Judicial en el distrito, con foco en la transferencia de competencias laborales desde la Nación.
Un punto que generó confusión y que los promotores del traspaso se encargaron de aclarar es que no se trata de una transferencia de jueces ni tribunales en bloque. Lo que se acordó es un traspaso de competencias judiciales. Esto significa que los magistrados que hoy integran el fuero laboral nacional no pasarán automáticamente a depender de la Ciudad. Los expedientes en curso continuarán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución, mientras que los casos nuevos ingresarán al sistema porteño una vez que se cumplan determinadas condiciones y transcurra el plazo operativo de seis meses.
Entre los requisitos necesarios para avanzar figuran la ratificación por parte del Congreso Nacional, que ya ocurrió con la sanción de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, la ratificación por la Legislatura porteña y la firma de un convenio específico sobre transferencia de recursos entre la Nación y la Ciudad.
Este último punto es, hoy por hoy, el principal escollo. Los funcionarios porteños están negociando con sus pares nacionales la derivación de los fondos necesarios para sostener el nuevo sistema. El costo estimado del esquema se ubicaría entre el 0,5% y el 0,8% de un punto de coparticipación federal, lo que equivaldría a entre 48.000 y 76.800 millones de pesos por mes. La discusión central pasa por cuánto dinero transferirá la Nación para financiar jueces, juzgados y estructura administrativa cuando el fuero empiece a operar.
Dentro del espacio macrista existe un interrogante que nadie termina de responder: si la demora en definir los fondos responde a razones exclusivamente presupuestarias o si hay un componente político vinculado a la gestión de Javier Milei. Algunos referentes del PRO, sin embargo, quitaron dramatismo al impacto fiscal inmediato, argumentando que este año el efecto sería acotado dado que buena parte del calendario ya transcurrió y la instrumentación llevará tiempo.
En la Legislatura porteña confían en que, si las discusiones sobre fondos, estructura judicial y modificaciones normativas se resuelven antes de agosto, las trabas podrían levantarse ese mismo mes y el proceso avanzaría sin mayores demoras hacia la fecha prevista de febrero de 2027.
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