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| domingo, 26 de julio de 2026 |
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LLA prepara una supersesión en agosto
El oficialismo avanza con tres proyectos clave: inocencia fiscal, reforma del BCRA y venta de tierras a extranjeros, en una jornada que promete ser maratónica.
El Gobierno de Javier Milei delineó una agenda legislativa de fuerte contenido económico para la segunda mitad del año. Esta semana ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de Inocencia Fiscal, mientras que en las próximas semanas se espera la presentación de la iniciativa orientada a garantizar la autonomía del Banco Central.
Desde el espacio libertario aclararon que el calendario todavía no está cerrado, pero el objetivo es convocar a una sesión especial hacia fines de agosto. Esa fecha le daría tiempo al Senado para tratar en paralelo otro proyecto de alto voltaje político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla flexibilizar las restricciones vigentes para la compra de tierras argentinas por parte de ciudadanos extranjeros.
Esa iniciativa ya acumula contratiempos. La semana pasada, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza tuvo que solicitar un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto por falta de apoyo suficiente entre los aliados. Sin embargo, el jueves mantuvo un encuentro con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para evaluar qué modificaciones está dispuesto a aceptar el oficialismo a cambio de sumar votos. Si los tres proyectos —inocencia fiscal, reforma del BCRA y propiedad privada— confluyen en el mismo temario, la jornada legislativa será inevitablemente extensa.
El texto del proyecto de Inocencia Fiscal comenzará a debatirse en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, que encabezan respectivamente los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. La nueva versión introduce cambios relevantes respecto de la norma sancionada en diciembre pasado.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación de los topes de ingresos y patrimonio que antes limitaban el acceso al régimen. Hasta ahora, solo podían adherirse quienes no superaran ingresos anuales de mil millones de pesos ni un patrimonio de diez mil millones. Con la reforma, cualquier persona física podrá acceder, sin importar su capacidad económica. La única excepción serán los denominados Grandes Contribuyentes, quienes quedarán excluidos de las presunciones, efectos liberatorios y demás beneficios que contempla la ley.
Otro punto central es la redefinición del concepto de discrepancia significativa, que es el mecanismo que habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a rechazar una declaración jurada simplificada. Según el nuevo texto, solo se considerará que existe una diferencia relevante cuando lo declarado difiera en más del 15% del impuesto correspondiente, y siempre que ese monto supere el equivalente al 5% del mínimo establecido en la Ley Penal Tributaria, cifra que actualmente ronda los cinco millones de pesos. Además, ante una objeción, el contribuyente tendrá quince días para regularizar su situación, abonar la diferencia y mantener los beneficios del régimen.
El punto más polémico gira en torno a si los funcionarios públicos y otras personas políticamente expuestas podrán adherirse al régimen. La discusión cobró visibilidad cuando el vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración simplificada de ganancias mientras se encontraba bajo investigación por enriquecimiento ilícito. Ante esa situación, legisladores del peronismo ya impulsaron proyectos propios para excluir a funcionarios y dirigentes políticos del régimen.
El diputado Eduardo Valdés sostuvo que quienes administran fondos del Estado tienen una obligación reforzada de transparencia y deben estar sujetos a controles patrimoniales más estrictos, no más laxos.
Sin embargo, desde el bloque libertario consideran poco probable que se introduzcan cambios en ese sentido. Confían en que los mismos espacios que respaldaron la ley original en diciembre volverán a acompañar al oficialismo. En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, peronistas tucumanos de Independencia, sectores salteños y misioneros de Innovación Federal, representantes sanjuaninos de Producción y Trabajo, peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca y un legislador por Santa Cruz.
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