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| domingo, 26 de julio de 2026 |
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Fentanilo: secreto de sumario y lupa sobre el Estado
La causa por las 90 muertes vinculadas al anestésico contaminado apunta ahora a funcionarios de los organismos nacionales de control de medicamentos.
La justicia federal de La Plata selló el expediente bajo secreto de sumario en la investigación por el fentanilo adulterado que se relaciona con al menos 90 fallecimientos en todo el país. La medida fue ordenada por el juez Ernesto Kreplak a pedido de la fiscal María Laura Roteta, quien busca profundizar la pesquisa sobre funcionarios y exfuncionarios de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los medicamentos que circulan en el mercado argentino.
La causa, que ya cuenta con 13 procesados, apunta ahora a posibles irregularidades dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Instituto Nacional de Medicamentos, ambos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. La sospecha central es que pudo haber complicidad entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo dueño es Ariel Fernando García Furfaro— y la cadena de control estatal que debía asegurarse de que esas empresas cumplieran con las normas de Buenas Prácticas de Manufactura.
El secreto de sumario tomó por sorpresa a quienes seguían el expediente, ya que se esperaba que la fiscal presentara su dictamen recién después de la feria judicial. Sin embargo, los tiempos se acortaron y la medida se concretó antes de lo previsto.
Durante el período bajo investigación, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba conducido por Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el ministro de Salud Mario Lugones la apartó preventivamente del cargo mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La decisión se tomó tras detectarse demoras en las acciones sobre laboratorios que producían medicamentos con problemas de calidad y sin cumplir las normas vigentes. Su desplazamiento se conoció pocas horas después de que García Furfaro fuera detenido.
Por su parte, la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica estaba en manos de Agustina Nélida Bisio, quien ocupaba el cargo desde 2023 aunque formaba parte del organismo desde hacía dos décadas. El 6 de enero pasado el Gobierno formalizó su renuncia. Bisio invocó razones personales en su carta de dimisión dirigida al ministro Lugones, aunque fuentes oficiales reconocieron que su salida estuvo ligada al desgaste acumulado durante el año de crisis desatada por el escándalo del fentanilo.
La fiscalía ya había adelantado su postura en distintos momentos del proceso. En un dictamen fechado el 21 de mayo de 2025, Roteta cuestionó la información aportada por el organismo regulador y señaló que sus obligaciones no fueron cumplidas durante el período en que se fabricó el fentanilo, que resultó estar contaminado con dos tipos de bacterias multirresistentes.
En línea con ese criterio, la fiscalía incorporó las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que colaboró en la investigación. Ese organismo fue categórico al señalar que la tarea de control del Estado fue ineficiente a lo largo del tiempo y que las consecuencias de semejante negligencia, connivencia o complicidad todavía no se conocen en su totalidad. Además, advirtió que los incumplimientos reiterados y la insuficiencia de las medidas regulatorias dejaron a la población en una situación de riesgo sanitario inadmisible.
También se remarcó que el conjunto de irregularidades y deficiencias detectadas, ya sean dolosas o culposas, comprometió gravemente la seguridad sanitaria del país y generó un riesgo con relevancia penal. Tanto la fiscal como el juez fueron especialmente críticos respecto de la actitud pasiva del organismo regulador frente a la necesidad de retirar del mercado las ampollas contaminadas que ya habían sido distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el territorio nacional.
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