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| sábado, 25 de julio de 2026 |
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LLA prepara una supersesión para agosto
El oficialismo avanza con tres proyectos clave: inocencia fiscal, reforma del BCRA y venta de tierras a extranjeros.
El gobierno de Javier Milei tiene previsto impulsar una agenda legislativa de fuerte contenido económico durante el segundo semestre del año. Esta semana ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma del régimen de Inocencia Fiscal, mientras que en las próximas semanas se espera la presentación de la iniciativa para garantizar la independencia del Banco Central.
Desde La Libertad Avanza reconocen que el cronograma definitivo todavía no está cerrado, pero la intención es convocar a una sesión especial hacia fines de agosto. Ese esquema le daría tiempo al Senado para avanzar en paralelo con otro proyecto de alto voltaje político: el de inviolabilidad de la propiedad privada, que contempla flexibilizar las restricciones vigentes para la compra de tierras argentinas por parte de extranjeros.
Esa iniciativa ya tuvo un traspié la semana pasada, cuando el debate en el Senado debió interrumpirse hasta el 6 de agosto por falta de respaldo suficiente entre los aliados del oficialismo. Para destrabar la situación, la titular del bloque de senadores libertarios se reunió con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de evaluar posibles modificaciones al texto que permitan sumar los votos necesarios. Si los tres proyectos coinciden en el temario de una misma jornada, la sesión promete extenderse por muchas horas.
El proyecto de Inocencia Fiscal comenzará a debatirse en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, que encabezan los diputados libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado respectivamente. La nueva versión introduce cambios relevantes respecto de la ley original aprobada en diciembre pasado.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que antes restringían el acceso al régimen. Anteriormente, los contribuyentes no podían superar ingresos anuales de mil millones de pesos ni un patrimonio de diez mil millones. Con la reforma, cualquier persona física podrá adherirse sin importar su capacidad económica. La única excepción serán los denominados Grandes Contribuyentes, quienes quedarán excluidos de los beneficios y presunciones que otorga la norma.
El proyecto también redefine qué se entiende por discrepancia significativa, es decir, el margen que habilita al organismo recaudador a rechazar una declaración simplificada. A partir de ahora, solo se considerará relevante una diferencia si supera el 15% del impuesto declarado y además equivale a más del 5% del mínimo establecido en la Ley Penal Tributaria, que actualmente ronda los cinco millones de pesos. En caso de que el fisco detecte una irregularidad, el contribuyente tendrá quince días para corregirla, abonar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.
El punto más conflictivo del debate será la participación de funcionarios públicos y personas políticamente expuestas en el régimen simplificado. La polémica se instaló cuando el vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración simplificada de ganancias mientras era investigado por enriquecimiento ilícito. Legisladores del peronismo ya presentaron proyectos alternativos para excluir expresamente a quienes ejercen cargos públicos. El diputado Eduardo Valdés sostuvo que los funcionarios tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a controles más estrictos, no más laxos.
Sin embargo, desde el bloque oficialista consideran poco probable aceptar esa modificación. Confían en repetir la coalición de votos que permitió aprobar la ley original en diciembre, cuando se alcanzaron 130 votos favorables con el apoyo del PRO, la UCR, el MID y distintos bloques provinciales como los peronistas tucumanos de Independencia, los bloques de Innovación Federal de Salta y Misiones, Producción y Trabajo de San Juan, Elijo Catamarca y un diputado por Santa Cruz.
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