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| sábado, 25 de julio de 2026 |
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Fentanilo: secreto de sumario y control estatal bajo la lupa
La fiscalía sospecha de connivencia entre empresarios y reguladores sanitarios en la causa por 90 muertes vinculadas al anestésico adulterado.
La justicia federal de La Plata, con el juez Ernesto Kreplak al frente, decretó el secreto de sumario en el expediente que investiga la comercialización de fentanilo contaminado, droga anestésica que se asocia a por lo menos 90 fallecimientos en todo el país. La decisión se concretó luego de que la fiscal María Laura Roteta pidiera nuevas diligencias para profundizar la investigación sobre funcionarios y exfuncionarios de los organismos estatales encargados de controlar la calidad de los medicamentos que llegan al mercado.
La causa, que ya acumula 13 procesados, apunta ahora a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y al Instituto Nacional de Medicamentos, ambos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación. Según la fiscalía, existen indicios concretos de que estas reparticiones no cumplieron con sus obligaciones de supervisión y de que pudo haber acuerdos ilícitos entre los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma —cuyo dueño es Ariel García Furfaro— y la cadena de control estatal, que tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.
El avance judicial tomó por sorpresa a varios actores del proceso, ya que se esperaba que la fiscal presentara sus conclusiones recién después del receso judicial de verano. Sin embargo, los tiempos se acortaron y el expediente tomó un nuevo impulso.
Durante el período investigado, el Instituto Nacional de Medicamentos estaba conducido por Gabriela Mantecón Fumado. El 21 de agosto de 2025, el ministro de Salud Mario Lugones la apartó de manera preventiva de su cargo mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La medida se tomó tras comprobarse que hubo demoras injustificadas para actuar frente a laboratorios que producían medicamentos con desvíos de calidad y sin respetar las normas vigentes. Su desplazamiento se conoció pocas horas después de que García Furfaro, propietario de HLB Pharma, fuera detenido.
Por su parte, la conducción de la Administración Nacional de Medicamentos estaba a cargo de Agustina Nélida Bisio, quien había asumido la dirección en 2023 aunque formaba parte del organismo desde hacía dos décadas. El 6 de enero de este año el Gobierno oficializó su renuncia. Bisio invocó razones personales en su carta de dimisión dirigida al ministro Lugones, aunque desde el entorno oficial se señaló que su salida respondía al desgaste acumulado durante más de un año de crisis sanitaria en torno al fentanilo.
La fiscalía ya había anticipado su postura crítica en un dictamen del 21 de mayo de 2025, donde cuestionó la escasa información aportada a la causa por los organismos de control y señaló las obligaciones que estas instituciones tenían durante la ventana temporal en que se elaboró el anestésico adulterado con dos cepas de bacterias multirresistentes.
En ese mismo documento, la fiscalía hizo propio el análisis elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que también participó de la pesquisa. Según ese criterio compartido, la tarea de control estatal fue manifiestamente insuficiente a lo largo del tiempo, y las consecuencias de esa negligencia, connivencia o complicidad todavía no se conocen en su totalidad. Los incumplimientos detectados, que se repitieron durante todo el período analizado, junto con la ineficacia de las medidas regulatorias adoptadas, colocaron a la población en una situación de riesgo que los fiscales consideraron inadmisible desde el punto de vista penal.
La fiscalía también subrayó que la suma de irregularidades y deficiencias, ya sean dolosas o culposas, sumada a la insuficiencia de las acciones regulatorias implementadas, comprometió gravemente la seguridad sanitaria del país y generó un riesgo con relevancia penal que no puede ser tolerado.
Uno de los puntos más cuestionados fue la actitud pasiva de las autoridades sanitarias ante la necesidad de retirar del mercado las ampollas de fentanilo distribuidas en droguerías, clínicas y hospitales de todo el territorio nacional. La demora en esa acción, según la magistrada, agravó el impacto de lo que ya se considera la peor tragedia sanitaria de la historia reciente del país.
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