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| jueves, 23 de julio de 2026 |
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Licencias de chofer: suba del 1.264% bajo fuego
Dos dirigentes opositores bonaerenses denunciaron que el nuevo sistema de licencias profesionales encareció el trámite y beneficia al gremio de Camioneros.
El intendente de San Nicolás de los Arroyos, Santiago Passaglia, y su hermano Manuel, legislador bonaerense, salieron a cuestionar con dureza una reciente modificación en el sistema de licencias de conducir profesionales implementada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Sindicato de Camioneros. Según los dirigentes, el cambio dispara los costos del trámite más de un 1.200% y concentra la gestión en sedes vinculadas a la organización sindical que encabeza la familia Moyano.
Hasta la entrada en vigencia del nuevo esquema, obtener una licencia profesional de conducir tenía un costo de aproximadamente 22.000 pesos y el trámite se realizaba directamente en las dependencias municipales de cada localidad. Con la reforma, ese valor treparía a cerca de 300.000 pesos, lo que representa un incremento del 1.264%. Además, los trabajadores ya no podrán resolver el trámite en su municipio: deberán trasladarse hasta sedes de prestadores externos habilitados por el organismo vial nacional para completar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones obligatorias antes de poder retirar el documento en el centro de emisión municipal correspondiente.
Los hermanos Passaglia advirtieron que el procedimiento afecta específicamente a las licencias de las clases C, D y E, que son las categorías que habilitan a conducir vehículos de carga pesada, unidades de transporte de pasajeros y maquinaria especial. En ese universo quedan comprendidos colectiveros, camioneros, conductores de ambulancias, taxistas, remiseros y choferes de plataformas de transporte privado como Uber, entre otros.
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia es la identidad de esas sedes externas habilitadas. Los dirigentes sostienen que los únicos centros autorizados para realizar las evaluaciones previas pertenecerían al Sindicato de Camioneros, lo que en la práctica significaría que miles de trabajadores bonaerenses deberán pagar aranceles a esa estructura gremial para poder renovar o tramitar por primera vez su habilitación profesional.
Desde su perspectiva, la medida combina tres problemas concretos para el trabajador: un costo notablemente más alto, la obligación de desplazarse fuera de su localidad y la dependencia de una organización sindical específica para completar el trámite. Remarcaron que en un contexto económico donde conseguir empleo resulta cada vez más difícil, imponer un gasto de esa magnitud para acceder a la herramienta básica de trabajo equivale a colocar un peaje en el camino de quienes viven de manejar.
El organismo nacional responsable de habilitar a los prestadores externos no había brindado ninguna respuesta pública ante las críticas formuladas por los legisladores opositores al momento en que trascendió la denuncia.
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