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| jueves, 23 de julio de 2026 |
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LLA quiere cobrarle salud y educación a no residentes
Un diputado bonaerense de La Libertad Avanza impulsó un proyecto para arancelar servicios públicos a extranjeros sin residencia legal.
Un proyecto de ley presentado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense puso sobre la mesa una discusión que genera rispideces: si los extranjeros que no tienen residencia legal en Argentina deben pagar por atenderse en hospitales públicos o enviar a sus hijos a escuelas estatales de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone cobrar estos servicios a quienes no puedan demostrar que residen regularmente en el país.
Ramón Vera, diputado provincial y uno de los impulsores del proyecto, salió a defenderlo públicamente y a despejar las críticas que apuntan a que la medida tendría un sesgo discriminatorio. Según explicó el legislador, el objetivo no es perseguir a los extranjeros en general, sino establecer un criterio de ordenamiento en el acceso a recursos que son limitados y que sostienen los propios habitantes de la provincia con sus impuestos.
Vera aclaró que la propuesta no apunta a los inmigrantes que cumplen con los requisitos migratorios vigentes. Según detalló, los extranjeros que tramitan su residencia en Argentina reciben un documento de identidad provisorio con validez de dos años, aunque con algunas restricciones como la imposibilidad de votar. Ese universo no sería alcanzado por la iniciativa. El blanco de la medida son quienes ingresan al territorio bonaerense sin ningún tipo de residencia y hacen uso del sistema sanitario o educativo sin contribuir a su financiamiento.
El diputado fue contundente al describir la situación presupuestaria de la provincia: sostuvo que en Buenos Aires los recursos son escasos y que la demanda de servicios por parte de personas que no residen ni tributan en el distrito genera una presión adicional sobre un sistema ya sobrecargado. Vera mencionó que recibe constantemente testimonios de ciudadanos preocupados por esta problemática y que existen evidencias concretas del fenómeno, aunque reconoció no contar con cifras oficiales precisas.
En ese sentido, el legislador describió situaciones en las que personas provenientes de países vecinos como Paraguay o Bolivia se trasladan específicamente a la provincia para recibir atención médica o acceder a la educación pública, en lo que calificó como una especie de turismo sanitario. Mencionó de manera particular establecimientos hospitalarios del conurbano bonaerense como el de La Matanza y el Lucio Molas Vega como lugares donde este tipo de casos se registra con frecuencia.
Vera argumentó que mientras el sistema no pueda garantizar una atención digna a los argentinos y a los extranjeros con residencia legal, no tiene sentido extender esa cobertura a quienes no tienen ningún vínculo formal con la provincia. "Si no alcanza para los propios, ¿por qué deberíamos resolver el problema para quienes no están radicados acá?", planteó el diputado en términos generales.
Al ser consultado sobre el peso económico concreto que representa esta situación, Vera admitió que no existe una estimación monetaria oficial. Sin embargo, calculó que en el conjunto de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires la cantidad de no residentes que utilizan estos servicios podría llegar a decenas de miles. El diputado también señaló que el sistema de salud provincial atraviesa otras dificultades estructurales graves, como la deuda acumulada con la obra social IOMA y el hecho de que más de dos millones de afiliados a esa entidad tienen dificultades para acceder a prestaciones.
Ante los cuestionamientos sobre si el cobro a no residentes podría realmente resolver los problemas de fondo del sistema sanitario y educativo bonaerense, Vera no prometió una solución mágica. Su argumento central fue que la iniciativa busca transparentar y ordenar el acceso a los servicios públicos, poniendo reglas claras sobre quiénes tienen derecho a utilizarlos de forma gratuita. El proyecto deberá ahora recorrer el camino legislativo correspondiente antes de convertirse, o no, en ley.
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