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| miércoles, 22 de julio de 2026 |
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Policías de Santa Cruz siguen acampando pese al aumento
El gobernador Vidal elevó el sueldo mínimo a $1.700.000, pero los efectivos exigen $2.200.000 y rechazan quitar suplementos históricos.
A pesar de que el gobierno de Santa Cruz formalizó esta semana una suba salarial para su fuerza policial, el conflicto no cede por completo. Los focos más activos de protesta se concentran en Río Gallegos y El Calafate, donde un acampe frente a la sede de la Gobernación ya supera los 45 días, con temperaturas que alcanzan sensaciones térmicas de casi 20 grados bajo cero.
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que fija un piso salarial de 1.700.000 pesos para el personal ingresante a la fuerza. La medida quedó plasmada en la Resolución 342/26 del Ministerio de Seguridad y fue ratificada por el Decreto Provincial 0660/2026. Desde el oficialismo sostienen que este incremento posiciona a la Policía de Santa Cruz entre las tres mejor pagadas del país. Sin embargo, un sector de efectivos en actividad, retirados, bomberos y personal penitenciario rechaza los términos y mantiene la carpa.
Quienes protestan exigen un salario básico de 2.200.000 pesos y piden que la mejora se extienda también a jubilados y pensionados del sector. Además, cuestionan de fondo el esquema dispuesto por el Ejecutivo, ya que el decreto elimina a partir de julio de 2026 una serie de suplementos que venían percibiendo. Entre los adicionales que desaparecen figuran los correspondientes a función policial operativa, función penitenciaria de alto riesgo, función operativa en siniestros, función en investigaciones, función técnica de apoyo y función de alta dedicación operativa, todos ellos creados por decretos anteriores de 2022 y 2023.
El Ejecutivo provincial describió la recomposición como una mejora sustancial del poder adquisitivo del personal, lograda a través de la actualización del valor punto y la creación de dos nuevos adicionales: uno remunerativo y no bonificable llamado Compensador, y otro no remunerativo y no bonificable vinculado al cumplimiento efectivo del servicio.
En algunas localidades del interior la situación se fue descomprimiendo. Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron sus medidas de fuerza, mientras que en Puerto San Julián y Piedrabuena la cantidad de manifestantes se redujo considerablemente. La tensión sigue concentrada en la capital provincial y en la ciudad turística del sur.
Desde el bloque oficialista en la Legislatura aseguraron que el Ejecutivo agotó todas las instancias de negociación y recordaron que se rechazaron 15 propuestas salariales distintas. El ministro de Seguridad, Pedro Pródromo, precisó que en más de treinta días se llevaron adelante ocho reuniones de negociación sin llegar a un acuerdo. El oficialismo también insinuó que detrás de la continuidad de la protesta hay motivaciones políticas y advirtió que esos intereses no pueden estar por encima de la seguridad de los habitantes de la provincia.
La modalidad de la protesta se sostiene con guardias mínimas: los agentes cumplen sus turnos habituales y luego se dirigen a las carpas montadas frente a la Gobernación. La imagen más extrema del conflicto se registró cuando dos efectivos llegaron a encadenarse en una entrada lateral del edificio gubernamental.
A la disputa por los sueldos se sumó otro punto de tensión: los manifestantes temen represalias internas por su participación en el acampe y reclamaron una amnistía. El gobierno rechazó esa posibilidad, lo que agrega un elemento más de incertidumbre sobre el horizonte del conflicto.
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