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| martes, 21 de julio de 2026 |
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ONG internacional fiscalizará elecciones en la UOM
El interventor judicial de la metalúrgica firmó un acuerdo con Transparencia Electoral para supervisar los nuevos comicios tras la anulación por irregularidades.
Por primera vez en la historia sindical argentina, una organización internacional especializada en integridad electoral supervisará un proceso de votación gremial. Se trata de las nuevas elecciones que deberán realizarse en la seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica, que contarán con la presencia y el respaldo técnico de Transparencia Electoral, una reconocida ONG con vasta experiencia en América Latina.
El acuerdo fue impulsado por Alberto Biglieri, el interventor judicial designado para conducir el gremio, quien la semana pasada rubricó un convenio con Leandro Querido, titular de la organización. El objetivo declarado es garantizar condiciones de transparencia y buena gobernanza institucional durante todo el proceso electoral, que deberá completarse dentro de los 180 días hábiles establecidos para la intervención.
El convenio contempla acciones concretas como el control y la depuración de los padrones electorales, la elaboración del cronograma de los comicios y la fiscalización del proceso mediante el cual se elegirán las nuevas autoridades del sindicato. Ambas partes expresaron su compromiso con la promoción de la democracia interna y las buenas prácticas institucionales.
Querido explicó que su organización lleva más de 15 años trabajando en la región en materia de integridad electoral, brindando asistencia técnica a organismos públicos nacionales y subnacionales. En ese marco, sostuvo que toda esa experiencia acumulada puede volcarse ahora al ámbito de las organizaciones civiles, incluyendo sindicatos, cámaras empresariales, asociaciones profesionales y clubes sociales o deportivos. Según el dirigente, mejorar los procesos de decisión interna redunda en beneficio directo de las organizaciones y sus miembros, eleva la calidad de la representación y contribuye a reducir conflictos internos.
El titular de la ONG trazó un paralelismo con los avances que se lograron en los sistemas electorales públicos de América Latina a partir de reclamos ciudadanos por elecciones más limpias y competitivas. Mencionó como ejemplos la construcción de padrones confiables, la incorporación de tecnología y la obtención de resultados más rápidos y verificables. En su visión, ese mismo estándar puede y debe trasladarse a las instituciones de la sociedad civil, donde también existe una demanda creciente por parte de los propios integrantes.
En cuanto al trabajo específico en la UOM, Querido aclaró que la organización está en condiciones de elaborar un diagnóstico técnico y ofrecer asistencia electoral, aunque precisó que el alcance definitivo de esa intervención quedará a criterio de la justicia. De todas formas, remarcó que existen condiciones para avanzar en el fortalecimiento de procesos electorales íntegros y con garantías reales.
La organización distingue tres etapas en todo proceso electoral: la preelectoral, la jornada de votación y la poselectoral. En la primera cobran relevancia la normativa aplicable, el padrón y la inscripción de candidatos. Durante la votación, la fiscalización y la observación resultan fundamentales. Y en la etapa final se abordan los posibles reclamos o impugnaciones derivados de los resultados. Según Querido, Transparencia Electoral puede aportar valor en cada una de esas instancias.
El origen de esta situación se remonta a las elecciones celebradas en la seccional a principios de marzo, en las que el secretario general Abel Furlán enfrentó a una lista opositora encabezada por Angel Derosso. Esos comicios fueron anulados por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyos jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que la mecánica utilizada para el resguardo y recuento de los votos durante los tres días que duró la votación destruyó la objetividad del proceso y vulneró principios elementales de libertad electoral. El tribunal determinó que no existieron garantías de una elección confiable, segura ni transparente, lo que derivó en la designación de Biglieri como interventor en mayo pasado.
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