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| martes, 21 de julio de 2026 |
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El Gobierno cedió ante la CGT en materia sindical
Un nuevo decreto amplía la base de cálculo de los aportes en convenios colectivos y excluye contribuciones patronales del tope del 2%.
El Ejecutivo nacional dio marcha atrás en uno de los puntos más polémicos de la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y modificó, mediante un nuevo decreto, la fórmula que se usaba para calcular las cuotas solidarias y otros aportes establecidos en los convenios colectivos de trabajo. El cambio fue el resultado de semanas de negociaciones discretas entre el ala política del Gobierno y la conducción de la CGT.
El decreto 612/2026, rubricado por el presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, modifica lo que había quedado establecido en el decreto 407, que reglamentó la ley 27.802. Aquel texto había generado malestar en el mundo sindical porque fijaba que la base para calcular esos aportes sería el salario básico convencional, una definición que en la práctica reducía los montos que los sindicatos podían percibir.
Con la nueva norma, esa base se amplía: ahora se incluyen todas las sumas remunerativas normales, habituales y de cobro mensual que tengan origen convencional. Quedan afuera del cálculo los conceptos que no se perciban de manera regular, como horas extras, premios, bonos, participación en ganancias, sueldo anual complementario, plus vacacional y sumas no remunerativas, entre otros.
Según pudo reconstruirse, el cambio introducido por el decreto 407 había tomado por sorpresa a la CGT, ya que contradecía lo acordado previamente con el sector político del Gobierno durante la discusión de la reforma laboral. La ley aprobada por el Congreso solo establecía que los aportes y contribuciones pactados en convenios no podían superar el 2% de las remuneraciones, sin precisar que la base sería exclusivamente el salario básico. Ese agregado fue atribuido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Ante esa situación, dirigentes sindicales del sector más cercano al diálogo con el oficialismo intensificaron sus gestiones ante el asesor presidencial Santiago Caputo y los hermanos Martín y Eduardo Menem, buscando que una resolución administrativa aclarara el alcance real de la norma. Sin embargo, la iniciativa cobró fuerza definitiva cuando Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete. Junto con los Menem, fue quien logró convencer a Karina Milei de avanzar con una medida concreta, que finalmente tomó la forma de decreto.
El nuevo texto también introduce otro cambio de peso: excluye del tope del 2% a los aportes y contribuciones que los empleadores destinen, dentro del marco de los convenios colectivos, a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. La única condición es que esos fondos se administren y registren de forma separada del resto de los recursos sindicales.
Esta modificación tiene un impacto directo sobre el financiamiento de las obras sociales sindicales, que en muchos casos dependen de contribuciones patronales pactadas en convenio. Un caso ilustrativo es el del sindicato de Camioneros, que atraviesa una crisis financiera severa y recibe del sector empresarial una contribución destinada a su obra social que ronda los cinco mil millones de pesos mensuales, equivalente a 25 mil pesos por trabajador.
En el mundo gremial, el decreto es leído como una derrota política para Sturzenegger, quien venía impulsando una interpretación más restrictiva de los aportes sindicales y promueve al mismo tiempo la expansión de los convenios y sindicatos por empresa como herramienta para reducir el peso de las organizaciones gremiales tradicionales.
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