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| lunes, 20 de julio de 2026 |
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El Gobierno ataca al poder sindical
Sturzenegger impulsa convenios laborales por empresa para descentralizar la negociación colectiva y reducir la influencia de los gremios.
El Ejecutivo nacional avanza con una estrategia silenciosa pero de alto impacto: fomentar la firma de convenios colectivos a nivel de empresa en lugar de por rama de actividad. El objetivo declarado es modernizar las relaciones laborales, pero el trasfondo apunta directamente a reducir el poder de negociación de los sindicatos, que históricamente encontraron en el sistema de convenios por actividad una de sus principales fuentes de influencia.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, viene manteniendo encuentros con empresarios de distintos tamaños para explicarles las posibilidades que abre la nueva legislación laboral. El mensaje es directo: las compañías pueden sentarse con sus propios empleados y establecer las reglas de juego sin necesidad de que intervenga el sindicato de actividad. En uno de esos foros, el funcionario graficó la situación con un ejemplo concreto: si un trabajador recibe 700.000 pesos de bolsillo sobre un sueldo bruto de un millón, la empresa en realidad desembolsa 1.400.000. Esa diferencia, argumentó, podría redistribuirse de otra manera si se eliminan los intermediarios gremiales.
Uno de los nombres que aparece en ese trabajo de articulación con el sector privado es el de la diputada Verónica Razzini, que llegó al Congreso por el PRO y hoy integra La Libertad Avanza. Razzini tiene una larga trayectoria en la confrontación con el sindicalismo: fundó y presidió una organización que nucleó a pymes afectadas por cortes y bloqueos gremiales, y tuvo protagonismo en los cambios legislativos que penalizan esas prácticas.
El corazón jurídico de la reforma es una modificación sustancial en la jerarquía de los convenios. Hasta ahora, un acuerdo por sector o actividad prevalecía sobre cualquier acuerdo de empresa, salvo que este último fuera más beneficioso para el trabajador. Con la nueva ley, esa lógica se invierte: los convenios de alcance menor, como los firmados a nivel de empresa o región, tienen prioridad por sobre los sectoriales, incluso cuando resulten menos favorables para los empleados.
Desde la CGT advierten que esta inversión de jerarquías tiene dos consecuencias graves. Por un lado, fragmenta la representación sindical al pulverizar la negociación en miles de ámbitos distintos. Por otro, convierte al convenio de actividad en un techo en lugar de un piso, lo que limita las posibilidades de mejora para los trabajadores. Antes, ese acuerdo sectorial fijaba condiciones mínimas que podían superarse empresa por empresa. Ahora, puede funcionar como límite máximo.
El dirigente gremial Gerardo Martínez, de la rama de la construcción y referente de la CGT en materia internacional, había advertido meses atrás que ciertos puntos eran innegociables para el movimiento obrero organizado: la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de los acuerdos por empresa y los aportes solidarios. Señaló que la dirección de estas reformas apunta a desmantelar el modelo sindical argentino y a erosionar derechos colectivos conquistados a lo largo de décadas.
Aun así, el Gobierno enfrenta un obstáculo estructural: incluso los convenios de empresa deben ser firmados por sindicatos con personería gremial o por delegados del establecimiento. Eso significa que el debilitamiento del sindicalismo tradicional no puede ser inmediato ni unilateral.
Sin embargo, la nueva normativa también facilita la creación de sindicatos propios por empresa. Si una organización de ese tipo logra afiliar a más trabajadores cotizantes que el sindicato preexistente durante al menos seis meses consecutivos, puede obtener la personería gremial, desplazando incluso a un sindicato de actividad con larga trayectoria. Para que eso ocurra hacen falta trabajadores dispuestos a organizarse de manera independiente y empresarios dispuestos a reconocerles ventajas concretas, una combinación que por ahora genera cautela en ambos lados, en parte por el clima de tensión gremial que podría desatarse.
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