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| domingo, 19 de julio de 2026 |
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El balance legislativo de Milei a mitad de año
El oficialismo cerró un semestre con logros clave como la reforma laboral y la baja de imputabilidad, y prepara una agenda ambiciosa para el segundo tramo.
A comienzos de 2025, Javier Milei se paró ante el Congreso y anunció una agenda de transformaciones que, según sus palabras, rediseñaría las bases institucionales del país durante nueve meses consecutivos. Aunque la ambición declarada era tratar noventa paquetes de reformas estructurales, La Libertad Avanza terminó el primer semestre con un balance legislativo que, sin alcanzar esa magnitud, acumula victorias de peso y un control firme sobre los tiempos parlamentarios.
El hito más significativo del período fue la sanción de la Ley de Modernización Laboral 27.802, aprobada el 27 de febrero luego de una extensa jornada en el Senado y posteriormente ratificada en la Cámara de Diputados. La norma representa el corazón del programa económico del Gobierno y alteró de manera profunda el funcionamiento del mercado de trabajo argentino.
Entre sus puntos centrales, la ley redujo el costo de los despidos, incorporó el mecanismo de banco de horas y disminuyó las cargas que pesan sobre los empleadores mediante una baja en los aportes patronales y la creación de un fondo de asistencia financiado por las empresas. También eliminó la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que los acuerdos sectoriales dejan de tener vigencia automática si no se renuevan, al tiempo que priorizó la negociación por empresa. Se sumó la figura del trabajador independiente, habilitando contrataciones basadas en servicios específicos por fuera del régimen tradicional del contrato de trabajo.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la limitación al ejercicio del derecho de huelga en sectores considerados esenciales, como salud, educación, transporte, energía y agua, donde la prestación mínima obligatoria durante un conflicto gremial quedó fijada en el 75%. Para rubros catalogados como trascendentales, entre ellos bancos, minería, industria y comercio electrónico, el umbral se estableció en el 50%.
Otro avance relevante fue la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, poniendo fin a un debate que se extendía por casi dos décadas. En materia ambiental, el Congreso también reformó la Ley de Glaciares, otorgándoles a las provincias la potestad de definir qué cuerpos de hielo y ambientes periglaciares merecen protección, en función de si cumplen una función hídrica comprobada o relevante. El cambio respondió a una demanda histórica de los distritos con actividad minera, que cuestionaban el alcance general de la norma original.
En el plano fiscal, se modificó la ley conocida como Inocencia Fiscal, que elevó los umbrales a partir de los cuales una conducta configura evasión: el mínimo para evasión simple trepó a 100 millones de pesos, mientras que el de evasión agravada llegó a 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción del delito se redujo de cinco a tres años. Esta misma normativa es una de las que el Ejecutivo planea volver a modificar en el segundo semestre, con el objetivo de ampliar el universo de contribuyentes que puedan regularizar activos no declarados.
Durante los últimos dos meses del semestre, el Gobierno encadenó una serie de resultados favorables: la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la aprobación definitiva de un acuerdo con un grupo de acreedores externos conocidos como fondos buitre, la media sanción de la reforma al régimen de Zonas Frías, del llamado Super RIGI orientado a promover inversiones en industrias estratégicas, y de la Ley Hojarasca. A esto se sumó la aprobación de más de cien nombramientos judiciales para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Según informó el ministerio de Justicia, hay otros 300 pliegos listos para ser enviados al Senado antes de que termine el año.
Con ese capital político acumulado, el oficialismo enfrenta el segundo semestre con una agenda cargada. El proyecto que más expectativas genera al interior del Gobierno es la reforma política, cuyo eje principal es la eliminación de las elecciones primarias, las PASO. Para La Libertad Avanza, suprimir ese mecanismo es una condición considerada clave de cara a garantizar las condiciones electorales para la reelección presidencial.
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