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| sábado, 18 de julio de 2026 |
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Milei cerró un semestre fuerte en el Congreso
El oficialismo acumuló victorias legislativas clave y prepara una agenda ambiciosa para la segunda mitad del año.
A comienzos de año, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias prometiendo nueve meses consecutivos de reformas estructurales que, según sus palabras, rediseñarían por completo el funcionamiento institucional del país. Aunque el número real de iniciativas tratadas estuvo muy lejos de los noventa paquetes anunciados, el oficialismo cerró la primera mitad del año con un balance legislativo favorable, cosechando triunfos de peso y logrando bloquear sistemáticamente los intentos de la oposición por imponer su propia agenda.
El logro más significativo del período fue la sanción de la Ley de Modernización Laboral, aprobada a fines de febrero tras una extensa sesión en el Senado y luego ratificada en la Cámara de Diputados. La norma transformó de manera profunda las reglas del mercado laboral argentino. Entre sus puntos más destacados, redujo los costos de los despidos, introdujo un sistema de banco de horas, alivió las cargas que pesan sobre las empresas mediante la baja de aportes y la creación de un fondo de asistencia financiado por los empleadores. También eliminó la ultraactividad de los convenios colectivos, dando prioridad a los acuerdos negociados a nivel de empresa, y habilitó la figura del trabajador independiente por fuera del esquema tradicional del contrato de trabajo.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la limitación al derecho de huelga en sectores considerados esenciales, como salud, educación, transporte, energía y suministro de agua, donde se exige mantener un servicio mínimo del 75 por ciento. Para rubros considerados trascendentales, como la banca, la minería, la industria y el comercio electrónico, el piso mínimo obligatorio se fijó en el 50 por ciento.
En materia de seguridad, el Congreso aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, poniendo fin a un debate que llevaba casi dos décadas sin resolución. También se modificó la Ley de Glaciares, transfiriendo a las provincias la potestad de definir qué formaciones glaciares y periglaciares merecen protección, una demanda histórica de los distritos con actividad minera. La reforma acotó el resguardo a aquellos cuerpos que demuestren una función hídrica comprobada o relevante, en contraste con la protección general que establecía la norma anterior.
En el plano impositivo, la llamada Ley de Inocencia Fiscal elevó los umbrales para configurar delitos de evasión: el tope para la evasión simple pasó a 100 millones de pesos y el de la evasión agravada trepó a 1.000 millones. Además, el plazo de prescripción se redujo de cinco a tres años. El Ejecutivo planea volver sobre esta normativa en el segundo semestre para ampliar el universo de contribuyentes que puedan regularizar su situación.
En los últimos dos meses, el oficialismo encadenó una serie de avances adicionales: la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la aprobación definitiva del convenio con un grupo de holdouts, la media sanción de la reforma del régimen de Zonas Frías, el denominado Super RIGI para atraer inversiones en sectores estratégicos y la Ley Hojarasca. A eso se sumaron más de cien designaciones judiciales para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Según se supo, el ministro de Justicia tiene preparados otros 300 pliegos que buscará aprobar antes de fin de año.
De cara al segundo semestre, el Poder Ejecutivo tiene en carpeta una agenda legislativa de alto impacto. La iniciativa que más le importa al gobierno es la reforma política, cuyo eje central es la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Los libertarios consideran que suprimir las PASO es una condición necesaria para garantizar la reelección presidencial.
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