viernes, 17 de julio de 2026
 
     
Banfield: ex presidente pidió sobreseimiento

Eduardo Spinosa volvió a declarar ante el juez Armella y rechazó las acusaciones de lavado vinculadas a la financiera Sur Finanzas y la AFA.



En pleno desarrollo del Mundial de Fútbol 2026, donde la selección argentina buscará revalidar su corona ante España, una causa judicial de alto impacto sigue su curso en los tribunales federales. El expediente, que conduce el juez Luis Armella con el impulso de la fiscal Cecilia Incardona, pone en el centro de la escena a la financiera Sur Finanzas y sus presuntos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino. Eduardo Juan Spinosa, quien ocupó la presidencia del Club Atlético Banfield en tres períodos distintos —entre 2012 y 2015, entre 2015 y 2018, y desde 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista liderada por Matías Mariotto se impuso en las elecciones— volvió a presentarse ante el magistrado para brindar su segunda declaración indagatoria. En esta oportunidad lo hizo en su carácter de representante del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Al igual que en su primera presentación, negó cualquier tipo de responsabilidad en los delitos que se le imputan, entre ellos haber formado parte de una red destinada a lavar dinero en el fútbol argentino junto a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas Group y vinculado a Claudio Tapia, presidente de la AFA. La investigación apunta a desentrañar la relación entre ese holding financiero y varios clubes afiliados a la AFA. Según la fiscalía, el grupo habría aprovechado la situación de vulnerabilidad económica de las instituciones deportivas para infiltrarse como proveedor de fondos, con el objetivo de integrar capitales de origen sospechoso bajo la fachada de una asistencia financiera legítima. En cuanto a Spinosa, los acusadores sostienen que permitió que Banfield fuera utilizado como engranaje de ese esquema mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del grupo de Vallejo, con pagos que habrían circulado a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, al que califican como un instrumento para ocultar el origen de los fondos. Sin embargo, sus abogados defensores, Diego María Olmedo y Hernán Guaita, salieron al cruce de esa interpretación. Argumentaron que la acusación tomó elementos aislados de operaciones complejas y los ensambló de manera artificialmente simple para construir una hipótesis de clandestinidad que no se sostiene con la documentación disponible. Identificaron cuatro bloques de negocios cuestionados —el contrato con Auriga League S.A., el fideicomiso, dos mutuos con Sur Finanzas Group y una operatoria de sponsoreo con sociedades del mismo grupo— y defendieron que cada uno contó con existencia real, respaldo documental y encuadre institucional dentro de la vida orgánica del club. Los letrados también subrayaron que la imputación no describe ningún acto concreto de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado personalmente por su cliente, sino que le atribuye responsabilidad por el simple hecho de haber ocupado el cargo máximo de la institución. La presentación concluye con un pedido formal de sobreseimiento, amparado en el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación. Sobre el fideicomiso, la defensa aportó documentación que acredita su constitución en diciembre de 2012 —bastante antes de los hechos investigados—, su aprobación en asamblea extraordinaria de socios en mayo de 2013, y sus sucesivas renovaciones en 2015, 2016, 2018 y 2021. También mencionó un acuerdo de rescisión y reconocimiento de deuda firmado en septiembre de 2024. El único imputado que aún no prestó declaración indagatoria es Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del club durante el período en que habrían ocurrido los hechos investigados. Su presentación está prevista para el 5 de agosto. Una vez cumplido ese trámite, la fiscal estará en condiciones de emitir su dictamen, y el juez podrá resolver si procesa a los imputados o declara la falta de mérito en cada caso.
   
     
 
 
 
 
 
 
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