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| martes, 14 de julio de 2026 |
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Casal pidió un DNU para actuar ante el TSJ porteño
El procurador general reclamó al Ejecutivo una norma urgente para que sus fiscales puedan intervenir ante el Tribunal Superior de la Ciudad.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le solicitó formalmente al Poder Ejecutivo que dicte un Decreto de Necesidad y Urgencia para suspender los efectos de un fallo de la Corte Suprema que modificó las reglas de juego en materia de recursos extraordinarios ante la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. La sentencia en cuestión, recaída en la causa Ferrari contra Levinas, estableció que el Tribunal Superior de Justicia porteño es el órgano competente para entender en esos recursos. El problema, según Casal, es que los fiscales nacionales no tienen habilitación legal para actuar ante tribunales de otra jurisdicción.
El funcionario expuso su postura ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, junto a los secretarios Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima. La presentación abarcó dos ejes: el estado financiero del organismo y las complicaciones que generó el cambio de criterio jurisprudencial.
Casal explicó que la medida que reclama al gobierno busca cubrir el período de transición hasta que se complete la transferencia total de competencias en materia de justicia ordinaria a la Ciudad. Según relató, ya pidió en dos oportunidades a la Corte Suprema que suspendiera esa jurisprudencia y en ambas ocasiones recibió una respuesta negativa. La situación se complicó aún más cuando la reciente Reforma Laboral, en su artículo 90, ratificó el convenio de traspaso de competencias, lo que eliminó el único argumento que le quedaba a la Procuración para sostener que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público.
Para graficar la urgencia del problema, el procurador describió ante los legisladores un caso concreto que se presentó apenas sancionada esa ley: un fiscal que debía recurrir una resolución liberatoria en una causa de femicidio que consideraba arbitraria, y que se encontró ante la duda de qué vía procesal utilizar. La situación obligó a la Procuración a buscar soluciones de contingencia mientras espera la cobertura normativa que solicita.
Por el momento, los fiscales nacionales están presentando recursos de inconstitucionalidad locales, y el fiscal de la Ciudad los ha sostenido. Sin embargo, Casal advirtió que esa solución tiene un límite claro: si en algún caso no se concede ese recurso y es necesario plantear una queja directamente ante el Tribunal Superior porteño, los fiscales nacionales no estarán en condiciones de hacerlo. "Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias", remarcó.
En el segundo tramo de la exposición, los funcionarios del Ministerio Público advirtieron que el presupuesto del organismo sufrió una reducción del 47% en los últimos dos años. Consultados sobre si esa caída afecta el funcionamiento de la institución, reconocieron haber realizado reclamos reiterados ante el Ministerio de Justicia, aunque valoraron la disposición de esa cartera para trabajar en una readecuación de los recursos disponibles.
Casal admitió que el contexto presupuestario es adverso, pero insistió en que ciertas erogaciones son indispensables para el funcionamiento del organismo, como la contratación de herramientas tecnológicas y el pago de alquileres en las distintas provincias donde actúa el Ministerio Público. "La cuestión se pone difícil y tratamos de administrar los recursos", señaló al cerrar su presentación.
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