|
 |
| martes, 14 de julio de 2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Carrió rechazó la reforma de la Ley de Tierras
La dirigente alertó que el proyecto oficialista elimina el límite del 15% de titularidad extranjera y desprotege zonas de frontera.
La propuesta del Gobierno nacional para flexibilizar las restricciones vigentes sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros avanza hacia el Senado, en el marco del proyecto conocido como Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En ese contexto, la ex diputada Elisa Carrió salió a cuestionar duramente la iniciativa y advirtió que implicaría una cesión inaceptable de poder sobre un recurso estratégico para el país.
El oficialismo sostiene que deberían ser las provincias quienes establezcan sus propios límites en esta materia. Con ese argumento como bandera, impulsa la eliminación del tope nacional del 15% fijado por la Ley 26.737, una norma de orden público creada precisamente para frenar la extranjerización de las tierras rurales argentinas.
Carrió canalizó su postura a través de un documento difundido por la Asociación Civil Voces por la Justicia, la Cultura y la Paz, espacio que ella encabeza. El texto, firmado por otras 75 personas entre las que figuran referentes de la Coalición Cívica-Ari y ex legisladores nacionales y porteños, advierte que la reforma habilitaría a que Estados extranjeros accedan a territorio argentino mediante decisiones discrecionales del poder político.
Bajo el título La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico, el documento sostiene que la modificación propuesta busca eliminar todo límite objetivo a la adquisición de campos por parte de personas físicas y jurídicas del exterior. Esto significa que dejarían de aplicarse el tope general del 15%, el límite del 30% para una misma nacionalidad y el máximo individual de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente.
Otro punto cuestionado es la eliminación de las restricciones sobre inmuebles ubicados en zonas de frontera, así como la derogación del artículo 4° del Decreto-Ley 15.385/44, que exigía la nacionalidad argentina nativa para comprar tierras en áreas de seguridad fronteriza. Según el documento, una vez otorgadas las autorizaciones correspondientes, desaparecen todos los límites objetivos: no quedan topes, ni criterios materiales, ni restricciones territoriales, ni resguardos suficientes.
La posición del espacio político de Carrió va incluso más lejos al señalar que ese esquema viola el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe entregar facultades que pongan la vida, el honor o los bienes de los argentinos a merced de cualquier gobierno o persona. En la misma línea, advierte que quienes voten a favor de esta reforma estarán respaldando la entrega de una herramienta de disposición territorial sin límites reales, en beneficio de gobernadores y del Ejecutivo nacional frente a Estados extranjeros.
El texto también pone el foco en los vínculos del Gobierno con figuras del mundo tecnológico global, en particular con el empresario Peter Thiel, cofundador de Palantir, a quien describe como alguien que desde hace años promueve espacios de autonomía radical al margen de la política democrática.
Frente a todo esto, los autores del documento reclaman mantener una regulación que distinga entre apertura económica y entrega de soberanía. Argumentan que la Argentina puede integrarse al mundo, recibir inversiones e incorporar tecnología sin resignar el control sobre su propio territorio. Y concluyen que un país que pierde capacidad de decisión sobre su suelo incrementa su vulnerabilidad política, institucional y estratégica.
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|