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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Rebelión empresarial sacude a Moyano
Cámaras de transporte de cargas de diez provincias quieren romper con el convenio nacional y negociar condiciones por región desde septiembre.
Un movimiento sin precedentes en el sector del transporte automotor de cargas amenaza con profundizar la crisis que ya atraviesa el poder sindical de Hugo Moyano. Cámaras empresariales de aproximadamente diez provincias alcanzaron un acuerdo para desvincularse del convenio colectivo nacional que regula la actividad y avanzar hacia acuerdos regionales que reflejen la realidad económica de cada zona del país.
El foco del conflicto está en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, conocida como FADEEAC, una de las tres cámaras que nuclean al sector. La entidad, fundada en 1967 y presidida por Cristian Sanz, agrupa actualmente a 43 organizaciones de todo el territorio nacional y representa al 65% de los empresarios del rubro, que trasladan desde productos perecederos y lácteos hasta cargas bancarias y materiales de gran envergadura.
La revuelta tomó forma en una reunión celebrada en Córdoba a fines de junio. Las cámaras disidentes, provenientes de provincias como San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y la propia Córdoba, acordaron proponer un esquema descentralizado que reemplace el convenio colectivo 40/89 —que contempla unos 50 puntos de negociación— por un sistema regional basado en apenas diez ítems fundamentales. Las tratativas comenzarían en septiembre y se aclara que no habrá reducción del salario de bolsillo de los trabajadores.
El plan es plantear formalmente esta propuesta en la asamblea que FADEEAC realizará el 21 de este mes en Buenos Aires. En principio, se apunta a conformar convenios diferenciados para las regiones Norte, Centro y Sur del país. Uno de los empresarios disidentes fue contundente al explicar las razones: sostiene que resulta inviable pagar sueldos pactados en función de la realidad porteña cuando muchas de las empresas operan en provincias con economías en crisis. Además, dejó en claro que la decisión es firme y que no habrá vuelta atrás.
Esta rebelión tiene un sustento legal concreto: la Ley 27.802 de Modernización Laboral introdujo cambios estructurales en el sistema de negociaciones colectivas. Por un lado, eliminó el principio de ultraactividad, lo que obligará a renegociar todos los convenios vigentes. Por otro, estableció una nueva jerarquía que permite que los acuerdos de alcance menor —por región o por empresa— prevalezcan sobre los de alcance superior por rama de actividad, e incluso impide que estos últimos modifiquen o condicionen los contenidos de los primeros.
Este nuevo marco legal representa un golpe directo al modelo sindical tradicional argentino, cuyo poder histórico descansa en la negociación centralizada. Ese esquema otorga al gremio más representativo de cada rama —aquel que cuenta con personería gremial reconocida por el Estado— el derecho exclusivo de firmar convenios en nombre de todos los trabajadores del sector y de administrar las obras sociales correspondientes.
El temor se extiende más allá del Sindicato de Camioneros. En la CGT también hay alarma ante la posibilidad de que esta tendencia se replique en otras actividades. Los dirigentes sindicales más experimentados advierten que una generalización de los convenios regionales o por empresa podría acelerar la fragmentación del gremialismo argentino y agravar la ya visible crisis de representatividad que atraviesa el movimiento obrero organizado.
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