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| domingo, 12 de julio de 2026 |
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El Estado regula el uso de IA en organismos públicos
La Sindicatura General de la Nación aprobó una guía para controlar y mitigar los riesgos del uso de inteligencia artificial en el sector público.
La Sindicatura General de la Nación lanzó un documento oficial destinado a ordenar y supervisar la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito estatal. La herramienta, formalizada a través de la Resolución SIGEN 197/2026, propone un esquema de control basado en la prevención y la gestión de riesgos, con el propósito de que cada organismo público adopte estas tecnologías de manera responsable, resguardando la integridad institucional y la transparencia en la gestión.
El punto de partida para elaborar este marco fue un relevamiento interno sobre el avance de la inteligencia artificial en distintas áreas de la administración pública. Ese diagnóstico reveló una multiplicidad de proyectos en desarrollo, pero también dejó al descubierto la falta de mecanismos de control adecuados para acompañar ese crecimiento. A partir de ese hallazgo, la Sindicatura decidió actuar con un enfoque preventivo.
El titular del organismo, Alejandro Díaz, precisó que existen dos formas predominantes en las que la inteligencia artificial se utiliza dentro del Estado. La primera es el empleo individual de herramientas generativas por parte de empleados públicos, donde la tecnología opera como un recurso de apoyo sin estar integrada a los sistemas institucionales. La segunda implica la incorporación de sistemas de inteligencia artificial directamente a procesos, aplicaciones o decisiones organizacionales, lo que exige un entrenamiento previo de los algoritmos involucrados.
En el primer escenario, según explicó Díaz, los riesgos se mitigan principalmente a través de políticas institucionales claras y programas de capacitación para el personal. En el segundo caso, la complejidad es mayor: se requieren controles específicos que abarquen todo el ciclo de vida del sistema, desde la evaluación de factibilidad inicial hasta las pruebas que deben realizarse antes de que la herramienta entre en funcionamiento pleno.
La guía dedica un capítulo especial a la política que cada organismo debe establecer internamente para regular el uso de estas tecnologías. Entre los lineamientos propuestos se incluyen la definición de qué herramientas están habilitadas, bajo qué condiciones pueden emplearse, cuáles son los procedimientos de validación y monitoreo, y quiénes son los responsables en cada etapa del proceso.
El documento también hace hincapié en la necesidad de desarrollar programas de formación dirigidos a todo el personal, con el objetivo de garantizar un uso alineado con los principios de integridad y transparencia que deben regir la función pública. La propuesta busca que la adopción de inteligencia artificial no comprometa la seguridad de la información, los derechos de los ciudadanos ni la reputación de las instituciones del Estado.
Al cerrar su exposición sobre el tema, Díaz subrayó que la Sindicatura ya comunicó a los responsables de los distintos organismos las observaciones detectadas durante el relevamiento, y expresó que la aprobación de esta guía permitirá fortalecer los puntos donde se identificaron mayores vulnerabilidades. El objetivo final es que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta al servicio de una gestión pública más eficiente, sin resignar control ni rendición de cuentas.
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