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| sábado, 11 de julio de 2026 |
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El Estado se pone límites con la IA
La SIGEN lanzó una guía de controles para regular el uso de inteligencia artificial en organismos públicos y reducir riesgos institucionales.
La Sindicatura General de la Nación dio un paso concreto hacia la regulación de la inteligencia artificial dentro del Estado nacional. A través de la Resolución 197/2026, el organismo oficializó un documento de referencia que establece controles específicos para el uso de estas tecnologías en la administración pública, con el foco puesto en la prevención de riesgos y en garantizar la transparencia y la integridad en cada proceso.
El punto de partida fue un relevamiento interno sobre el estado de avance de la inteligencia artificial en distintas áreas del sector público. Ese diagnóstico reveló una gran variedad de proyectos en curso, pero también dejó en evidencia que los mecanismos de control existentes resultaban insuficientes para acompañar el ritmo de incorporación de estas herramientas. A partir de ese análisis, la Sindicatura diseñó un marco preventivo basado en la evaluación de riesgos proporcionales a cada etapa del ciclo de vida de los sistemas de IA.
Alejandro Díaz, titular del organismo, explicó que existen dos grandes modalidades de uso de la inteligencia artificial en el Estado. La primera es el empleo individual de herramientas generativas por parte de agentes públicos, donde la tecnología funciona como asistente sin integrarse a los sistemas institucionales. La segunda implica la incorporación de sistemas de IA directamente a procesos, aplicaciones o decisiones organizacionales, lo que exige un entrenamiento previo de los algoritmos involucrados.
Para el primer caso, Díaz señaló que la reducción de riesgos depende fundamentalmente de la existencia de políticas institucionales claras y de la capacitación del personal. Para el segundo escenario, en cambio, se requieren controles específicos que abarquen todo el desarrollo del sistema: desde el análisis de factibilidad inicial hasta las pruebas realizadas antes de su puesta en funcionamiento.
La guía dedica un capítulo especial a la política que cada organismo debe adoptar internamente para regular el uso de estas tecnologías. Se establece que cada entidad estatal debe definir qué herramientas de IA están autorizadas, en qué condiciones pueden utilizarse, cómo deben validarse y monitorearse, y cuáles son las responsabilidades de cada agente involucrado. Además, se recomienda implementar programas de capacitación para todo el personal, con el objetivo de asegurar un uso responsable alineado con los principios de la gestión pública.
Entre los riesgos que la guía busca mitigar se encuentran las amenazas a la seguridad de la información, la exposición a contingencias legales y reputacionales, el uso de herramientas no autorizadas y la falta de trazabilidad en las decisiones asistidas por algoritmos. El enfoque apunta a proteger tanto los intereses institucionales como los derechos de los ciudadanos que interactúan con el Estado.
Al cerrar su presentación, Díaz subrayó que la Sindicatura ya había informado a los responsables de los organismos sobre las áreas donde se detectaron riesgos, y que la aprobación de esta guía representa el paso formal para comenzar a subsanar esas vulnerabilidades de manera ordenada y sistemática.
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