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| viernes, 10 de julio de 2026 |
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El Senado votaría 26 pliegos el 16 de julio
La Cámara Alta acumularía casi 100 acuerdos judiciales aprobados, mientras el Gobierno apunta a 300 nombramientos antes de fin de mandato.
La Cámara Alta podría celebrar una nueva sesión el próximo 16 de julio para tratar un paquete de al menos 26 pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen favorable de comisión. Se trata de una nueva etapa del proceso de designaciones que el Gobierno nacional impulsó con fuerza en los últimos meses, con el objetivo de acelerar los acuerdos antes de que algunos postulantes queden afuera por haber alcanzado el límite de edad o por los tiempos propios del calendario legislativo.
Ese bloque de candidatos se sumará a los 76 cargos que el Senado ya aprobó en sesiones previas, de los cuales una parte fue publicada en el Boletín Oficial y se tradujo en 46 nombramientos efectivos mediante decreto presidencial. La meta del Ejecutivo es alcanzar 300 designaciones judiciales antes de que finalice el mandato de Javier Milei, una cifra que lo convertiría en el presidente con mayor cantidad de jueces nombrados si se compara con las dos gestiones anteriores.
Uno de los casos más urgentes es el del magistrado Víctor Pesino, que cumple 75 años a fin de este mes. Pesino es conocido por haber ordenado la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y por avalar la aplicación de la Reforma Laboral al rechazar las impugnaciones presentadas por los gremios. Si el Senado no aprueba su pliego el 16 de julio, deberá jubilarse obligatoriamente, ya que la próxima fecha alternativa de sesión sería recién el 6 de agosto, pasado el receso invernal. Ante esa posibilidad, el propio juez solicitó una medida cautelar urgente para evitar perder su cargo el 27 de julio, fecha en que alcanza el límite reglamentario.
El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques conduce las negociaciones de los pliegos que ingresan al Congreso. En ese proceso conviven candidatos vinculados a la llamada familia judicial, prioridades del propio Ejecutivo y pedidos de las provincias para cubrir vacantes, especialmente en fueros electorales. Hasta el momento, los postulantes con trayectoria dentro del propio sistema judicial llevan ventaja en esa disputa.
Otro expediente que generó polémica es el de la jueza María Verónica Michelli. El Ejecutivo intentó retirar su pliego del Senado cuando este ya tenía dictamen aprobado, y lo hizo apenas minutos antes de la sesión en que iba a votarse. La razón esgrimida fue el vínculo familiar de Michelli con un reconocido periodista de investigación, del cual es cuñada. Como el retiro no llegó a tiempo, el Gobierno la excluyó de la lista de nombramientos publicada oficialmente. Las autoridades sostienen que no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal no tiene sede física asignada. Sin embargo, esa justificación choca con otro nombramiento que el propio Ejecutivo realizó: el de Ana María San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, designada en Hurlingham para un juzgado que tampoco está formalmente constituido.
A todo esto se suma una complicación política: el peronismo no conformó la Comisión de Acuerdos y, aunque suele enviar algún representante cuando se debaten pliegos que afectan a las provincias, amenazó con desconocer los nombramientos aprobados. Pese a ese escenario, el oficialismo avanza. En paralelo a las designaciones, el Ejecutivo modificó por decreto el mecanismo de selección de candidatos, reduciendo el peso de las entrevistas personales y limitando las instancias de audiencias públicas, lo que generó críticas sobre la transparencia del proceso.
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