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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Tierras rurales: el proyecto que divide al Congreso
El oficialismo impulsa ceder a las provincias el control sobre la venta de campos a extranjeros, eliminando el tope nacional del 15%.
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento una iniciativa para reformar en profundidad el marco legal que regula la propiedad y tenencia de tierras rurales en la Argentina. El proyecto, denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tramita en la Cámara de Senadores pero todavía no reúne los apoyos suficientes para convertirse en ley. El debate genera rispideces dentro y fuera del recinto.
El eje central de la propuesta es la eliminación del límite nacional que fija en el 15% la porción máxima del territorio que puede estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. En su lugar, el texto pretende que cada provincia fije sus propias restricciones para la compra de campos por parte de foráneos. Esa transferencia de atribuciones desató una discusión sobre soberanía, federalismo y control de recursos estratégicos.
Juan Martín Paleo, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuestionó abiertamente la orientación del proyecto. Sostuvo que la soberanía ya no se limita al dominio territorial en sentido clásico, sino que abarca el control sobre los recursos críticos que se encuentran dentro de ese territorio. Para Paleo, el nombre elegido para la iniciativa disimula su verdadero alcance, que sería una modificación sustancial de la normativa sobre extranjerización de la tierra.
El exmilitar también advirtió que delegar en las provincias la decisión absoluta sobre estos asuntos resulta problemático, porque la Argentina es una nación y ciertos temas requieren una definición común. En ese sentido, reclamó que el Congreso debata primero una ley de protección de activos estratégicos, similar a la que tienen vigente la mayoría de los países desarrollados.
Paleo aportó ejemplos concretos del derecho comparado. Brasil exige la intervención de su Abogacía General para autorizar la adquisición de tierras por extranjeros. Canadá combina restricciones federales con controles provinciales rigurosos. Estados Unidos directamente prohíbe la extranjerización en zonas de frontera y analiza ampliar esa prohibición. Australia, Nueva Zelanda, China y México también cuentan con marcos regulatorios específicos para proteger sus tierras y activos sensibles.
Otro elemento que el exjefe militar puso sobre la mesa es la ausencia de una Directiva de Defensa Nacional actualizada. El documento vigente fue firmado en 2021, durante la gestión anterior, y el actual gobierno aún no lo renovó. Esa directiva es la que orienta a las Fuerzas Armadas sobre cuáles son los puntos estratégicos a custodiar, por lo que su desactualización agrega incertidumbre al debate.
El proyecto llegó al recinto con dictámenes de mayoría y minoría, y el texto sufrió modificaciones durante el proceso. El oficialismo defiende la iniciativa argumentando que la flexibilización normativa permitirá atraer inversiones del exterior y favorecer el ingreso de divisas al país. Los sectores críticos, en cambio, advierten que la reforma podría comprometer el control nacional sobre territorios y recursos de valor estratégico, en un contexto donde la cesión de soberanía en distintas áreas ya genera rispideces políticas.
La discusión parlamentaria continúa abierta y sin fecha definida para la votación.
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