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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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El Senado votaría 26 pliegos judiciales
La Cámara Alta podría sesionar el 16 de julio y acercarse a 100 nombramientos aprobados, mientras el Gobierno apunta a 300 antes de 2027.
El Senado podría reunirse el próximo 16 de julio para votar al menos 26 designaciones judiciales que ya cuentan con dictamen favorable de comisión. Se trata de una nueva etapa del proceso que el Ejecutivo nacional viene impulsando con fuerza para cubrir vacantes en el Poder Judicial, con el objetivo de acelerar acuerdos antes de que algunos candidatos queden fuera de carrera por cuestiones de edad o por los tiempos legislativos.
Esos 26 pliegos se agregarían a los 76 cargos que la Cámara Alta ya aprobó en sesiones anteriores, de los cuales una parte ya fue oficializada. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo concretó el nombramiento de 46 jueces mediante decreto, y la meta es llegar a 300 designaciones antes de que finalice el mandato de Javier Milei. De alcanzarse esa cifra, el actual presidente se convertiría en el mandatario que más magistrados nombró en comparación con las dos gestiones anteriores.
Uno de los casos más urgentes dentro de la próxima tanda es el del juez Víctor Pesino, quien dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y avaló la aplicación integral de la Reforma Laboral al rechazar las presentaciones de los sindicatos. El problema es que Pesino cumple 75 años a finales de julio, y si no obtiene el acuerdo del Senado el 16 de julio, deberá retirarse obligatoriamente. La siguiente sesión prevista es recién para el 6 de agosto, una vez finalizado el receso invernal. Ante esa posibilidad, el magistrado, que integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, solicitó una medida cautelar de urgencia para evitar perder su cargo el 27 de julio, fecha en que alcanzará el límite de edad reglamentario.
Las negociaciones en torno a los pliegos que llegan al Congreso están en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En ese proceso conviven nombres vinculados al entramado judicial tradicional, intereses propios del Ejecutivo y demandas de las provincias para cubrir vacantes, sobre todo en juzgados con competencia electoral. Por ahora, los candidatos con trayectoria dentro del propio sistema judicial llevan ventaja en esa disputa.
Un expediente que generó controversia es el de la jueza María Verónica Michelli. El Gobierno intentó retirar su pliego del Senado cuando ya tenía dictamen aprobado, y lo hizo apenas minutos antes de la sesión en que se iba a votar su nombramiento. La justificación oficial fue su parentesco con un conocido periodista de investigación, del que es cuñada. Como el intento de retiro no llegó a tiempo, el Ejecutivo la dejó fuera de la lista de nombramientos publicada oficialmente. Las autoridades argumentan que no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal no tiene sede física asignada. Sin embargo, esa explicación choca con otra designación oficial: la de Ana María San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, nombrada en Hurlingham para un juzgado que tampoco fue creado formalmente.
Otro factor que complica el panorama en la Cámara Alta es la postura del peronismo, que no conformó la Comisión de Acuerdos. Si bien algunos senadores del bloque suelen participar cuando se debaten pliegos destinados a sus provincias, el bloque amenaza con desconocer los nombramientos que se aprueben en esas condiciones.
En paralelo a las sesiones, el Ejecutivo modificó por decreto el mecanismo de selección de magistrados, reduciendo el peso de las entrevistas personales a los candidatos y limitando las instancias de audiencias públicas, lo que generó críticas respecto a la transparencia del proceso.
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