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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Tierras rurales: el debate en el Senado
El oficialismo impulsa una reforma que eliminaría el límite nacional del 15% para la compra de tierras por extranjeros y lo delegaría a las provincias.
El Congreso argentino analiza una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca reformar en profundidad las normas sobre propiedad privada y tenencia de tierras rurales. El proyecto, denominado Inviolabilidad de la Propiedad Privada, tramita en la Cámara de Senadores pero todavía no reúne los votos suficientes para convertirse en ley. Uno de sus ejes más polémicos es la eliminación del tope nacional del 15% que hoy restringe la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, dejando esa facultad en manos de cada provincia.
El debate toca temas sensibles como las expropiaciones, los desalojos, la soberanía territorial y el manejo de recursos considerados estratégicos. El texto que avanza en el Congreso incorporó modificaciones respecto a versiones anteriores y cuenta con dictámenes tanto de mayoría como de minoría, lo que refleja la falta de consenso político en torno a la propuesta.
Desde el ámbito de la defensa, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Juan Martín Paleo, advirtió que la soberanía ya no se define únicamente por quién ejerce dominio sobre un territorio, sino también por quién controla los recursos críticos y estratégicos que ese territorio alberga. Para Paleo, el nombre del proyecto tiende a ocultar su verdadero alcance, que apunta a modificar el régimen de adquisición de tierras por extranjeros.
El exmilitar también planteó que el control estatal sobre activos estratégicos es en sí mismo una forma de ejercer soberanía, y que los países modernos protegen ese concepto a través de regulaciones concretas. En ese sentido, señaló ejemplos de distintas naciones: Brasil exige la intervención de su Abogacía General para autorizar compras de tierra por no nacionales; Canadá combina restricciones federales con controles provinciales estrictos; Estados Unidos prohíbe la extranjerización en zonas de frontera y evalúa ampliar esas limitaciones; y países como Australia, Nueva Zelanda, China y México también cuentan con marcos normativos especiales para resguardar sus territorios y recursos.
Frente a la propuesta de delegar toda la regulación en las provincias, Paleo se mostró crítico. Sostuvo que entregarles poder de decisión absoluto en esta materia no es correcto, porque por encima de las autonomías provinciales existe una nación que debe preservar intereses comunes. Propuso que el Parlamento defina previamente, mediante acuerdo político, cuáles son los recursos que merecen protección a nivel nacional, tal como lo hacen la mayoría de los países del mundo a través de leyes específicas de protección de activos estratégicos.
Otro elemento que surgió en el debate es la ausencia de una directiva de Defensa Nacional actualizada. Ese documento es el que orienta a las Fuerzas Armadas sobre qué puntos estratégicos deben resguardarse. La última directiva vigente fue firmada en 2021, durante la administración anterior, y el gobierno actual aún no emitió una nueva versión.
El oficialismo defiende la reforma argumentando que una mayor flexibilización de las normas sobre tierras rurales permitirá atraer inversiones extranjeras y favorecer el ingreso de divisas al país. Sin embargo, la discusión parlamentaria se desarrolla en un clima de tensión entre quienes priorizan el federalismo y quienes advierten sobre los riesgos de resignar el control nacional sobre recursos y territorios clave. La definición final sobre este esquema permanece abierta mientras continúa el debate en el Senado.
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