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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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El Senado votaría 26 pliegos el 16 de julio
El oficialismo busca acumular 100 acuerdos judiciales antes del receso invernal y apunta a 300 nombramientos al cierre del mandato.
El Senado podría sesionar el próximo 16 de julio para aprobar un paquete de al menos 26 pliegos judiciales que ya cuentan con dictamen favorable de comisión. Se trataría de una nueva etapa del plan que el Gobierno nacional viene ejecutando para acelerar la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, antes de que algunos postulantes pierdan la posibilidad de asumir por razones etarias o por demoras en el trámite legislativo.
Esos 26 casos se agregarían a los 76 cargos que la Cámara Alta ya avaló en sesiones anteriores, de los cuales una parte ya tiene publicación formal en el Boletín Oficial. Hasta el momento, el Ejecutivo concretó el nombramiento de 46 jueces mediante decreto, y el objetivo declarado es alcanzar los 300 designados antes de que termine el mandato de Javier Milei. De lograrlo, sería el presidente que más miembros incorporó al Poder Judicial en comparación con las dos administraciones anteriores, superando en casi 30 nombramientos la marca registrada durante la gestión de Mauricio Macri.
Uno de los expedientes más urgentes es el del juez Víctor Pesino, magistrado que ordenó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica y validó la aplicación de la Reforma Laboral al rechazar impugnaciones sindicales. El problema es que Pesino cumple 75 años a fin de mes, edad que obliga a su retiro si no obtiene el acuerdo del Senado a tiempo. Como la próxima alternativa legislativa sería recién el 6 de agosto, tras el receso invernal, el magistrado decidió no esperar y solicitó una medida cautelar urgente para no perder su cargo el 27 de julio, cuando se cumpliría ese límite de edad.
El armado político de los pliegos que llegan al Congreso está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En esa negociación conviven postulantes ligados al mundo judicial, intereses del Ejecutivo y presiones de las provincias para cubrir juzgados vacantes, especialmente en el fuero electoral. Por ahora, los candidatos con trayectoria dentro del propio sistema judicial llevan ventaja en la selección.
Un expediente que generó polémica es el de la jueza María Verónica Michelli. El Gobierno intentó retirar su pliego cuando ya tenía dictamen aprobado, y lo hizo apenas minutos antes de la sesión en que iba a votarse su nombramiento. La razón esgrimida fue su parentesco con un periodista conocido por investigaciones sobre el poder judicial, del que es cuñada. Al no lograrlo a tiempo, el Ejecutivo directamente la excluyó de la lista de nombramientos publicada oficialmente. Desde el Gobierno argumentan que no puede asumir en el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata porque ese tribunal no tiene edificio asignado, aunque esa explicación choca con otro nombramiento reciente: el de Ana María San Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, designada en Hurlingham para un juzgado que tampoco existe aún físicamente.
Otro factor que complica el panorama es la actitud del peronismo, que no integró formalmente la Comisión de Acuerdos. Si bien algunos senadores del bloque suelen participar cuando se discuten pliegos destinados a sus provincias, el kirchnerismo amenaza con desconocer los nombramientos aprobados bajo esas condiciones.
En paralelo a la aceleración de designaciones, el Ejecutivo también modificó por decreto el proceso de selección de candidatos, reduciendo el peso de las entrevistas personales y limitando las instancias de audiencias públicas, lo que generó críticas sobre la transparencia del mecanismo.
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