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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Diputados espera señales de EE.UU. para avanzar en pacto
El tratado tiene media sanción senatorial y dictamen en la Cámara Baja desde mayo. Industria farmacéutica local se opone mientras multinacionales presionan a favor.
El Congreso nacional se encuentra en una encrucijada respecto a la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, un acuerdo internacional postergado durante más de medio siglo que vincula directamente a Argentina con sus compromisos comerciales asumidos ante Washington.
Desde hace varios meses, el proyecto cuenta con respaldo del Senado y con dictamen favorable emitido por la comisión de Diputados el pasado 12 de mayo. Sin embargo, su avance legislativo se encuentra congelado a causa de las investigaciones que aún atraviesa el gobierno estadounidense, mientras en el territorio local se libra una batalla entre sectores con intereses contrapuestos.
Fuentes del Ministerio de Desregularización confirmaron que las autoridades estadounidenses finalizaron sus pesquisas sobre distorsiones comerciales en el marco de la sección 301. Como resultado de ese análisis, se determinó la imposición de un arancel del 10% a los productos argentinos, cifra que había sido pactada previamente entre ambas naciones. Este proceso fue publicado en el registro federal norteamericano para recibir comentarios durante treinta días, con previsión de oficializarse hacia fines del mes actual e implementarse desde el inicio de agosto.
En Washington, no obstante, persiste una controversia jurídica vinculada a las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo para establecer aranceles. La administración Trump enfrenta dos sentencias adversas en los tribunales, lo que genera incertidumbre sobre el procedimiento administrativo. Desde Buenos Aires sostienen que independientemente de cómo se resuelva esa cuestión legal, Argentina obtendría una tarifa del 10%, mientras que naciones como Brasil han experimentado aumentos mucho más gravosos, alcanzando el 37,5%.
En el plano doméstico, la coalición libertaria manifestó intención de llevar el proyecto al recinto para votación. Este impulso fue detenido inicialmente por la controversia estadounidense y posteriormente por la posibilidad de que se interpelara al ex jefe de gabinete Manuel Adorni. La expectativa actual apunta a introducir enmiendas antes del debate parlamentario.
La puja local presenta dos bandos claramente diferenciados. Por un lado, las empresas multinacionales nucleadas en torno a AMCHAM respaldan la iniciativa. Del lado opuesto, los laboratorios nacionales agrupados en CILFA advierten sobre los riesgos del tratado, particularmente para las industrias farmacéutica y agrícola vinculada a biotecnología.
El dictamen que obtuvo 57 firmas incluyó una salvedad en el Capítulo II, la sección más delicada del acuerdo. El punto crítico gira en torno al papel del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Bajo el nuevo esquema, la aprobación estadounidense podría prescindir de la evaluación local. CILFA reclama que se preserve la intervención del INPI, temiendo que las reservas técnicas de organismos extranjeros influyan en las decisiones nacionales y faciliten la homologación de medicamentos actualmente rechazados.
Aunque el Ejecutivo nacional promueve una sanción expeditiva, existe certeza de que si la iniciativa llega a Diputados y obtiene media sanción, retornará al Senado para una nueva consideración de las modificaciones propuestas.
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