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| martes, 7 de julio de 2026 |
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Avanzan cambios en la ley de tierras para flexibilizar compras
El Ejecutivo impulsa modificaciones que eliminarían restricciones a inversores del exterior. Obispos y abogados advierten riesgos ambientales y sobre recursos hídricos.
El Poder Ejecutivo avanza con un proyecto legislativo destinado a reformular la actual normativa sobre tenencia de tierras, buscando remover las barreras que actualmente limitan la adquisición de campos por parte de compradores extranjeros. La iniciativa genera tensiones entre quienes la respaldan y sectores que alertan sobre consecuencias potenciales en materia ambiental, acceso al agua y derechos de comunidades originarias.
La propuesta gubernamental contempla medidas de alcance considerable. Entre ellas destaca la eliminación del límite del 15 por ciento que actualmente rige para que extranjeros adquieran tierras en el país, junto con la supresión del techo máximo por nacionalidad y la remoción de restricciones territoriales que hoy establecen mil hectáreas como máximo en la región pampeana. Asimismo, habilitaría la compra de nacientes de agua y ojos de agua, operaciones que hasta ahora estaban vedadas para compradores foráneos.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, su responsable de litigio Diego Morales explicó que el paquete normativo también incluye cambios en la Ley de Expropiaciones, lo que obligaría al Estado a desembolsar mayores recursos cuando necesite adquirir campos para infraestructura pública. Morales cuestionó la necesidad real de estas modificaciones, argumentando que no existen demandas concretas de inversores externos que justifiquen la reforma. Puntualizó que el registro implementado por la normativa vigente jamás alcanzó el piso del 15 por ciento y que contenía controles apropiados.
La Iglesia también elevó su voz. Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús e integrante de la Pastoral Social Nacional, expresó inquietud por los riesgos que la medida representa para la biodiversidad y el acceso a fuentes de agua dulce. Liebana advirtió que la reforma podría facilitar emprendimientos extractivistas sin garantías de beneficio local ni resguardos ambientales.
Otro punto crítico señalado por Morales se vincula con los pueblos indígenas. Recordó que la Constitución reconoce la propiedad comunitaria originaria, pero que el país carece de legislación específica que la reglamente, dejando a vastos sectores sin certidumbre jurídica sobre sus tierras.
Históricamente, la ley permitió mecanismos para eludir restricciones mediante sociedades constituidas por argentinos que actuaban como intermediarios. El registro vigente permitía identificar a qué empresa pertenecía cada propiedad. Compras de grandes extensiones como las de conocidas empresas extranjeras se efectuaron antes de la ley, mientras otras posteriores utilizaron estructuras legales complejas.
Sobre transparencia, Morales señaló que el Estado podría investigar la titularidad real mediante el registro existente, aunque reconoció dificultades para identificar testaferros en ciertos supuestos.
Liebana también cuestionó la falta de claridad sobre protección de zonas sensibles en la normativa propuesta, y manifestó preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios forestales.
El oficialismo negocia para asegurar los votos necesarios. Retiró artículos controvertidos vinculados a desalojos inmediatos tras presiones de organizaciones sociales.
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