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| martes, 25 de agosto de 2026 |
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Prisión efectiva para dos ex funcionarios rionegrinos
La Corte Suprema confirmó condenas contra ex ministros por cobrar sobresueldos entre 2004 y 2010. Uno fue capturado al arribar de Brasil y el otro se presentó
La Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra dos ex funcionarios del gobierno radical de Río Negro que deberán cumplir penas de cárcel efectiva por haber percibido sobresueldos durante siete años. Se trata de César Barbeito, quien fuera ministro de Educación, y Francisco González, que se desempeñó en Coordinación. Ambos permanecerán en una unidad penitenciaria de Pomona con sentencias de tres años y seis meses.
Barbeito fue interceptado el domingo pasado en el aeropuerto de Bariloche cuando regresaba de un viaje familiar a Brasil. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo en el lugar y fue trasladado inmediatamente a la dependencia carcelaria. González, en tanto, decidió presentarse de forma voluntaria ante las autoridades una vez que conoció el fallo adverso del máximo tribunal.
El escándalo tiene su origen en investigaciones que revelaron un sistema de pagos ilícitos montado durante los dos gobiernos de Miguel Saiz. Entre 2004 y 2010, funcionarios de primer nivel percibieron adicionales salariales que se distribuían sin criterios transparentes ni controles administrativos convencionales. El mecanismo operaba fuera de los circuitos regulares del Estado: los fondos se retiraban mediante cheques emitidos a nombres de funcionarios y eran cobrados directamente en ventanillas bancarias, eludiendo así los sistemas de supervisión habituales.
Además de Barbeito y González, otras cinco figuras del gabinete fueron condenadas a penas de dos años y seis meses en suspenso. Entre ellos figuran Omar Contreras, exministro de Turismo; Cristina Uría, que lideraba Salud; Juan Accatino de Producción; Alfredo Pega del área de Desarrollo Social; y Diego Larreguy del ministerio de Gobierno. La decisión judicial también alcanzó al extesorero provincial José Ongaro.
El proceso comenzó en 2018 cuando la Cámara Criminal de Viedma dictó sentencia condenando a los imputados por peculado. Dos años después, el Superior Tribunal de Justicia provincial confirmó esas resoluciones. Ahora, tras seis años de tramitación, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, considerando que no lograban cuestionar los fundamentos de las sentencias previas. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la decisión que dejó firmes las condenas.
La denuncia inicial surgió a partir de investigación periodística que expuso cómo, mes a mes durante siete años, funcionarios del gobierno de Saiz percibían sobresueldos por fuera de sus haberes reglamentarios. Aquella publicación denunciaba cómo se burlaban los órganos de control y operaba un sistema que funcionaba bajo apariencia de legalidad pero en total violación de las normas administrativas y de transparencia pública.
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