La Legislatura de Santa Cruz aprobó la restitución de Eduardo Sosa como procurador general de la provincia, poniendo fin a una controversia que se extendió durante tres décadas desde su remoción, ocurrida en 1995 durante el gobierno de Néstor Kirchner.

La decisión se concretó a partir de una modificación en la Ley Orgánica de la Justicia Provincial, que permitirá el regreso de Sosa a una función equivalente a la que desempeñaba como máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal santacruceño.

El gobernador Claudio Vidal celebró la medida y sostuvo que representa el cierre de "una herida institucional" que atravesó a la provincia durante años. Por su parte, Sosa expresó su satisfacción por la resolución y señaló que aguardará los pasos administrativos necesarios para formalizar su reincorporación.

La restitución se produce luego de reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en distintas oportunidades ordenó reparar la situación generada tras su desplazamiento.

La salida de Sosa del cargo estuvo rodeada de polémica desde sus inicios y fue vinculada a investigaciones relacionadas con el manejo de fondos públicos santacruceños depositados en el exterior. Su regreso marca uno de los episodios institucionales más singulares y prolongados de la historia judicial argentina.