Miguel Ángel Calvete, señalado como uno de los operadores clave en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar en una audiencia virtual realizada desde la cárcel. El lobbista, vinculado a droguerías y laboratorios, está acusado de integrar una presunta organización delictiva dedicada a direccionar contrataciones públicas y obtener beneficios económicos indebidos.

Según la investigación judicial, Calvete habría tenido un rol central en la articulación de adjudicaciones ilegales, impartiendo órdenes directas a funcionarios para influir en decisiones sobre compras y asignación de recursos. La operatoria, de acuerdo a los investigadores, incluía la eliminación de la competencia real mediante acuerdos previos y la utilización de empresas “pantalla”.

Las maniobras bajo sospecha involucraron la erogación de sumas millonarias en favor de un grupo reducido de firmas. Entre las compras observadas figuran prótesis de alta gama, implantes cocleares, insumos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, todos productos de alto costo dentro del sistema de prestaciones.

El expediente también incorporó nuevas operaciones con características similares, en las que habrían participado tanto personas ya procesadas como otras que hasta el momento no habían sido identificadas. La hipótesis de la fiscalía es que se trató de un esquema sistemático de corrupción dentro del organismo.

Con la negativa de Calvete a declarar, la causa continúa avanzando con la recolección de pruebas documentales y testimoniales, en un caso que ya se convirtió en uno de los más sensibles dentro del área de Discapacidad por el volumen de fondos involucrados y el impacto social de las prestaciones afectadas.