Familias de personas con discapacidad y trabajadores del sector sanitario se movilizaron frente al Ministerio de Salud en rechazo a la reforma que impulsa el Gobierno sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta incluyó un cese de actividades por parte de prestadores, en medio de una crisis que, aseguran, pone en riesgo la continuidad de los servicios.

Los manifestantes reclamaron respuestas urgentes ante el deterioro del sistema, con foco en la falta de actualización de aranceles y en los retrasos en los pagos a instituciones y profesionales. Según denunciaron, la situación impacta tanto en el funcionamiento de los centros como en las condiciones laborales de quienes prestan servicios.

Durante la jornada, se escucharon críticas a la falta de diálogo con el Estado y a la incertidumbre que genera la reforma en discusión. Los organizadores sostienen que las modificaciones podrían agravar la situación si no vienen acompañadas de un refuerzo presupuestario.

El reclamo no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires. También hubo movilizaciones y acciones en otras ciudades del país, como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, donde se replicaron las demandas por mejores condiciones de financiamiento y mayor previsibilidad para el sector.

El conflicto suma presión sobre el Gobierno en un área particularmente sensible, donde confluyen demandas sociales, laborales y sanitarias, y donde cualquier cambio en el esquema de prestaciones tiene impacto directo en miles de familias.