El Gobierno nacional decidió suspender dos políticas sociales centrales luego de que la Justicia Federal ordenara restituir casi un millón de planes del programa “Volver al Trabajo”. La medida judicial impactó de lleno en la estrategia oficial y forzó un replanteo inmediato de la política social.

Desde la Casa Rosada argumentaron que el programa ya había cumplido su ciclo de vigencia de dos años y que su discontinuación formaba parte de una reformulación más amplia del esquema de asistencia. Sin embargo, el fallo judicial obligó a retrotraer la situación, lo que dejó en pausa iniciativas que el Ejecutivo consideraba prioritarias.

Entre los programas afectados se encuentran el sistema de vouchers para formación laboral y la expansión de la doble escolaridad en escuelas vulnerables, dos ejes que el Gobierno buscaba impulsar como reemplazo del esquema tradicional de planes sociales.

La decisión judicial fue celebrada por organizaciones sociales, que venían reclamando la continuidad del programa. Desde la UTEP cuestionaron duramente al Ejecutivo y consideraron el fallo como un freno a lo que definieron como un intento de desmantelar la asistencia estatal.

El conflicto abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial, en un contexto donde la política social se convirtió en uno de los puntos más sensibles de la gestión. Mientras tanto, la implementación de los cambios queda condicionada a la resolución del litigio, con impacto directo en millones de beneficiarios.