El Gobierno de Javier Milei quedó en condiciones de avanzar con la designación de jueces en los tribunales de Comodoro Py, uno de los núcleos más sensibles del sistema judicial argentino. El Consejo de la Magistratura aprobó el concurso para cubrir seis vacantes en los Tribunales Orales Federales, un paso clave que abre la puerta a futuros nombramientos.

Se trata de cargos de alta relevancia institucional, ya que en esos tribunales se juzgan causas de corrupción y delitos complejos que involucran a exfuncionarios y actores del poder político y económico. En ese contexto, la posibilidad de incidir en la integración de esos tribunales es vista como estratégica por el oficialismo.

El concurso fue aprobado con respaldo transversal dentro del Consejo, lo que permitió avanzar sin mayores resistencias políticas. De esta manera, el Poder Ejecutivo contará con una terna de 38 postulantes entre los cuales podrá seleccionar a los candidatos que luego deberán ser enviados al Senado para su aprobación.

En paralelo, el Gobierno ya remitió a la Cámara alta más de 60 pliegos para cubrir vacantes en distintos juzgados del país, en una ofensiva más amplia para reconfigurar el mapa judicial.

La definición de estos cargos adquiere especial relevancia en un contexto donde se investigan causas por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción, lo que convierte a Comodoro Py en un escenario clave para el equilibrio de poder entre política y Justicia.

El proceso recién comienza, pero en la Casa Rosada ya lo consideran una oportunidad para consolidar influencia en uno de los ámbitos más determinantes del sistema institucional argentino.