La discusión por el financiamiento de las universidades nacionales abrió una paradoja política dentro del sistema académico. Aunque el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei implica reconocer solo una parte de las pérdidas salariales acumuladas, algunos rectores comenzaron a manifestar su apoyo a la iniciativa. Lo hacen, explican en privado, como una estrategia para asegurar recursos mínimos y garantizar el inicio del ciclo lectivo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas, viene reclamando desde hace meses la aplicación de la ley vigente de financiamiento universitario. Esa norma, sancionada tras las protestas del sector en 2024, buscaba recuperar el deterioro salarial acumulado desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos de actualización periódica para los gastos de funcionamiento.
Sin embargo, el nuevo proyecto oficial modifica sustancialmente ese esquema. En lugar de reconocer la totalidad de la pérdida salarial, el texto contempla solo una recomposición parcial: aproximadamente un 12,3% correspondiente a 2025 y ninguna compensación por la caída de ingresos registrada durante 2024. Aun así, algunos rectores consideran que aceptar ese marco puede resultar el “mal menor” frente a la posibilidad de que la ley vigente quede sin efecto o nunca llegue a aplicarse.
El proyecto del Gobierno propone una recomposición salarial en tres tramos, la apertura de paritarias trimestrales y un mecanismo de actualización de los gastos de funcionamiento para el año 2026. También introduce un refuerzo específico para los hospitales universitarios, un punto que fue bien recibido por varias casas de estudio que enfrentan fuertes déficits en sus servicios de salud.
El conflicto universitario se arrastra desde 2024, cuando la falta de actualización presupuestaria provocó protestas, movilizaciones y un fuerte reclamo de docentes y autoridades académicas. La posterior sanción de la Ley de Financiamiento Universitario buscó resolver esa situación, pero el veto presidencial y su posterior ratificación parlamentaria derivaron en un escenario de incertidumbre: la norma quedó vigente, pero nunca fue implementada plenamente.
Ese vacío abrió un frente judicial y tensó la relación entre el Gobierno y el sistema universitario. El nuevo proyecto surge ahora en un contexto político distinto, marcado por una relación de fuerzas diferente en el Congreso y por la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto.
En ese escenario, algunos rectores optan por una posición pragmática: aceptar una ley menos ambiciosa antes que quedar atrapados en una disputa legislativa y judicial que podría prolongar la crisis presupuestaria de las universidades públicas.