Gallo estuvo detenido durante 448 días en Venezuela y, según el magistrado, podría aportar información directa sobre los hechos denunciados. En su resolución, Ramos señaló que escuchar al gendarme “podría resultar pertinente y útil para la investigación”, ya que su experiencia permitiría reforzar el conjunto de pruebas reunidas en el expediente.

El juez explicó que la citación busca fortalecer el “plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades venezolanas”. Antes de fijar la audiencia, Ramos solicitó a Gendarmería Nacional que elabore un informe para determinar si Gallo se encuentra en condiciones físicas y psicológicas de declarar bajo juramento.

El pedido incluye una evaluación realizada por un equipo interdisciplinario de la fuerza para establecer en qué plazo podría prestar testimonio y bajo qué modalidad. Además, el informe deberá precisar si el gendarme podría estar alcanzado por algún deber de abstención o por obligaciones de confidencialidad vinculadas a su función.

La citación se produce en el marco de una causa que investiga delitos de lesa humanidad atribuidos a la estructura del Estado venezolano. A comienzos de febrero, el propio juez Ramos también reclamó la extradición del presidente Nicolás Maduro para que sea juzgado en Argentina por esos hechos.

El pedido judicial se apoyó en una presentación del fiscal federal Carlos Stornelli, quien solicitó avanzar con el proceso de extradición luego de que Maduro fuera detenido en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. Según el fiscal, esa situación abre una oportunidad concreta para hacer efectiva la orden de captura internacional que la Justicia argentina había emitido en septiembre de 2024.

En su resolución, el magistrado dispuso librar un exhorto internacional a Estados Unidos para solicitar la extradición del líder chavista en el marco del tratado bilateral vigente entre ambos países. El objetivo es que Maduro sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria y responder por las acusaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos.