El oficialismo en la Cámara de Diputados accedió a convocar una audiencia pública para discutir la reforma de la Ley de Glaciares, luego de la fuerte presión ejercida por la oposición durante una reunión plenaria de comisiones. La decisión se tomó tras los reclamos de distintos bloques que invocaron la Constitución Nacional y la legislación ambiental vigente para exigir un debate más amplio antes de avanzar con el dictamen del proyecto.
La audiencia tendrá carácter federal y se realizará de manera virtual, mediante la plataforma Zoom, con la participación de especialistas, organizaciones ambientales, representantes provinciales y distintos actores vinculados al tema. El objetivo será reunir opiniones técnicas y políticas sobre los cambios que propone el proyecto impulsado por el oficialismo.
En la hoja de ruta legislativa del Gobierno, la audiencia funcionará como paso previo a la firma del dictamen. Según el cronograma que manejan en Diputados, el oficialismo buscará emitir despacho de comisión entre el 7 y el 8 de abril, una vez finalizado el receso por Semana Santa.
El proyecto en debate plantea modificaciones sensibles en el esquema actual de protección de los glaciares. Entre los puntos centrales figura la redefinición del rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que hoy tiene a su cargo el inventario nacional de glaciares. La propuesta oficial reduce su peso institucional y otorga mayor protagonismo a las provincias en la elaboración y administración de esos registros.
El argumento del oficialismo se apoya en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales pertenecen de manera originaria a las provincias. Bajo esa interpretación, el proyecto busca fortalecer la capacidad de las jurisdicciones provinciales para decidir sobre el manejo y aprovechamiento de esos recursos.
La discusión promete ser intensa. Mientras el Gobierno sostiene que la reforma permitirá ordenar competencias y facilitar el desarrollo productivo en zonas cordilleranas, la oposición y organizaciones ambientales advierten que los cambios podrían debilitar los mecanismos de protección de los glaciares y abrir la puerta a mayores actividades extractivas en áreas sensibles.